Cambios en Fiscalía y Defensoría marcan señales políticas tras la amnistía en Venezuela

Las renuncias del fiscal y del defensor del Pueblo en Venezuela, junto con los nombramientos interinos anunciados por el Parlamento, han abierto una nueva fase tras la promulgación de la Ley de Amnistía, que analistas consultados por EFE interpretan como un reajuste político y operativo con impacto directo en la aplicación de esta medida.

Los movimientos tuvieron lugar una semana después de la entrada en vigor de la amnistía.

Pese a que habían sido ratificados en funciones hasta 2031, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dimitieron después de ocupar sus cargos desde 2017, con gestiones ampliamente cuestionadas.

A la espera de la designación de las nuevas autoridades, la mayoría chavista en el Legislativo nombró de manera provisional a Saab como defensor del pueblo encargado y al abogado Larry Devoe como fiscal general interino.

Según especialistas, estas decisiones responden tanto a la necesidad de ajustar la gestión de la amnistía como a un reordenamiento interno del chavismo en un contexto político inédito.

El coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, afirmó a EFE que los cambios reflejan “un reacomodo de la dinámica interna” del Gobierno, aunque advirtió que no evidencian todavía una “ruta clara” hacia la reinstitucionalización democrática, dado que los funcionarios designados siguen formando parte de la estructura chavista.

A su juicio, el relevo en estas instituciones no supone una ruptura con las prácticas previas, sino una reorganización del poder dentro del mismo bloque político.

Por su parte, el politólogo y profesor universitario Guillermo Tell Aveledo subrayó que el Poder Ciudadano —del que forman parte la Fiscalía y la Defensoría— es “uno de los ejes centrales” de la amnistía, por lo que un cambio en su cúpula puede traducirse en un “viraje de criterio técnico-político” en los procedimientos en curso.

Ese ajuste, explicó, puede apuntar a una “gestión de tiempos más fluida” en un proceso que ya acumula 8.110 solicitudes de amnistía, según cifras del Parlamento.

“En un proceso tan sensible para la supervivencia del Ejecutivo, la estructura de incentivos exige un fiscal políticamente quirúrgico, capaz de sincronizar los tiempos judiciales con las urgencias de la normalización diplomática”, indicó Aveledo.

Saab regresa de forma provisional a la Defensoría, que dirigió hasta 2017, cuando pasó a encabezar la Fiscalía en medio de una ola de protestas antigubernamentales.

Para Murillo, esta designación representa “una burla” para quienes han sufrido violaciones de derechos humanos, aunque considera que también puede leerse como una “reivindicación” a las denuncias de “omisión y el silencio” contra ambas instituciones.

Aveledo agregó que el papel de Saab refleja “la transición del sistema”: de ser un defensor de derechos humanos antes del chavismo, a convertirse eventualmente en “el arquitecto de la interpretación restrictiva de las libertades civiles”.

“Su regreso a la Defensoría marca el cierre visible de esa etapa, preserva su capital político interno y abre la puerta a un posible reacomodo funcional”, señaló.

Sobre el fiscal interino, sancionado por Canadá en 2019 por violaciones de derechos humanos, Aveledo consideró que se trata de una “apuesta por la especialización técnica”, dada su paso por instancias internacionales.

“Es un operador jurídico que conoce el lenguaje del cumplimiento ante organismos internacionales”, explicó.

Murillo cuestionó el historial de confrontación de Devoe con organizaciones de la sociedad civil, y apuntó que se trata de un funcionario de larga trayectoria y cercano a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

A su juicio, esto contradice el principio constitucional de imparcialidad del fiscal general y crea una situación de ambigüedad institucional que podría favorecer decisiones políticas por encima de criterios legales.

Aveledo destacó que esta etapa se suma a las transformaciones profundas que en un corto período ha sufrido el chavismo desde la captura del presidente Nicolás Maduro.

“El reto ideológico es mayúsculo, pues deben racionalizar ante sus bases una negociación de soberanía y un gesto de ‘perdón’ a enemigos de la revolución, no obstante lo limitado que ha sido en los hechos, a cambio de estabilidad”, sostuvo.

El desafío, subrayó Murillo, es avanzar hacia la reinstitucionalización democrática con funcionarios que generen confianza y designaciones que no se prolonguen más allá de lo estrictamente temporal.

“Este país ha vivido el capítulo más oscuro de su historia en materia de derechos humanos. No podemos seguir simulando cambios. La reinstitucionalización exige decisiones serias y responsables”, concluyó.