Congreso de Estados Unidos aprueba $70.000 millones para acelerar deportaciones impulsadas por Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde este martes a un paquete de 70.000 millones de dólares destinado a reforzar la estrategia migratoria promovida por el presidente Donald Trump, una de las principales promesas de su segundo mandato.

La medida, aprobada por un estrecho margen de 213 votos a favor y 211 en contra, busca ampliar las capacidades operativas de las agencias encargadas del control migratorio y facilitar el cumplimiento del objetivo de ejecutar la mayor campaña de expulsiones de inmigrantes en la historia del país.

Tras superar previamente el trámite en el Senado, el proyecto quedó listo para ser firmado por Trump y convertirse en ley.

La legislación contempla una asignación de 38.000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), otros 26.000 millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y cerca de 5.000 millones adicionales para gastos extraordinarios.

Los nuevos recursos se suman a los fondos ya aprobados en la ley presupuestaria impulsada por la Casa Blanca, que otorgó una cifra récord a las agencias encargadas de la vigilancia fronteriza y las deportaciones.

La administración republicana ha utilizado parte de esos recursos para ampliar centros de detención, contratar más agentes, fortalecer operativos de captura y expulsión de migrantes, además de desarrollar campañas de comunicación dirigidas a desalentar la inmigración irregular.

La iniciativa avanzó sin respaldo demócrata.

Los legisladores de oposición exigían reformas en las agencias migratorias antes de aprobar nuevos fondos. Entre sus propuestas figuraban la obligación de que los agentes mostraran identificación visible durante los operativos y la necesidad de obtener órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas.

Ninguna de estas exigencias fue incorporada al texto final.

Los demócratas argumentaron que entregar más recursos sin mecanismos de supervisión fortalecería prácticas que consideran abusivas dentro del sistema migratorio estadounidense.

Las críticas se intensificaron tras operativos realizados en Minneapolis a comienzos de año, que provocaron una fuerte controversia por el uso de la fuerza y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Aunque los republicanos terminaron respaldando mayoritariamente la propuesta, la discusión no estuvo exenta de tensiones dentro del propio partido gobernante.

Algunos senadores conservadores expresaron reservas sobre iniciativas impulsadas por Trump que fueron discutidas durante las negociaciones, incluyendo fondos destinados a compensar a aliados políticos que aseguran haber sido objeto de investigaciones injustificadas durante la administración de Joe Biden.

También generó controversia una propuesta para financiar nuevas medidas de seguridad y proyectos de infraestructura dentro del complejo presidencial de la Casa Blanca.

Finalmente, esas iniciativas quedaron fuera del debate principal y no frenaron la aprobación del paquete migratorio.

La aprobación llega en un momento clave para el Departamento de Seguridad Nacional, que desde marzo está bajo la dirección de Markwayne Mullin, nombrado por Trump para reemplazar a Kristi Noem.

Mientras la Casa Blanca sostiene que el objetivo es fortalecer la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de la ley, organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas advierten sobre posibles excesos en la aplicación de las políticas migratorias.

El representante demócrata Jamie Raskin cuestionó la necesidad de otorgar más recursos a las agencias cuando aún disponen de fondos previamente asignados, mientras que los republicanos defendieron la medida como una herramienta necesaria para proteger las fronteras y combatir la inmigración irregular.

Pese a las inversiones multimillonarias, la administración Trump todavía no alcanza la meta de realizar un millón de deportaciones anuales.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que se preparan nuevas acciones para incrementar los controles migratorios en distintas ciudades del país.

Paralelamente, el gobierno ha endurecido las condiciones para inmigrantes con estatus legal mediante modificaciones en programas de protección temporal, refugio, asilo y permisos de residencia, medidas que continúan enfrentando desafíos judiciales en distintos tribunales federales.

La aprobación de este nuevo paquete financiero consolida la inmigración como uno de los principales ejes políticos de la administración Trump y anticipa que el debate migratorio seguirá ocupando un lugar central en la agenda estadounidense durante los próximos meses.