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Actualizado
- 17/05/2013 21:27
Creado
- 17/05/2013 21:27
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró hoy inconstitucional el nombramiento de los ti...
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró hoy inconstitucional el nombramiento de los titulares de seguridad pública, fallo que asesta un golpe severo al gabinete del presidente Mauricio Funes.
Funes nombró a dos jefes militares al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía Nacional Civil (PNC), David Munguía y Francisco Salinas, respectivamente.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general retirado David Munguía, sostuvo una reunión de emergencia en Casa Presidencial, luego del fallo emitido por los magistrados constitucionalistas.
Munguía, quien fue el impulsor de una polémica tregua entre las principales pandillas del país, a l18 y Mara Salvatrucha (MS-13), sostuvo también este viernes un encuentro con corresponsales de la prensa internacional acreditada en el país cuando fue notificado de manera extraoficial sobre el fallo.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ sostuvo que el nombramiento de Salinas y Munguía viola el artículo 159 de la Constitución nacional.
Los magistrados consderaron que la presencia de militares al frente de Seguridad Pública vulnera la independencia del cuerpo policial respecto a la Fuerza Armada.
La resolución no contó con el respaldo del magistrado presidente de la CSJ, Salomón Padilla, el abogado que respaldo el partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el órgano judicial.
En en comunicado oficial difundido por la Sala de lo Constitucional se establece que "existe una prohibición constitucional de nombrar a un militar como ministro de Seguridad Pública y como director de la PNC, independientemente del tiempo transcurrido desde su orden de baja".
El Salvador finalizó una guerra civil mediante la firma de un acuerdo de paz el 16 de enero de 1992 en la ciudad de México.
El pacto suscrito por la antigua guerrilla del FMLN y por el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani es conocido como el Acuerdo de Chapultepec, el cual estableció reformas políticas para desmovilizar los cuerpos de seguridad militarizados de la época y la independencia del órgano judicial.
"En ese sentido, los generales nombrados para los cargos antes señalados, aún cuando han sido dados de baja por el presidente de la República, conservan su condición de militares y, por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional", agregó la Sala de lo Constitucional.
"El efecto inmediato de la sentencia consiste en que queda invalidado a partir de esta fecha el nombramiento del ministro de Seguridad y del director general de la PNC", recalcó.
La CSJ conminó al presidente Funes al nombramiento de autoridades civiles, quienes habrán de sustituirles en cumplimiento con los requisitos y las condiciones constitucionales que garanticen la separación orgánica funcional y subjetiva entre defensa nacional y seguridad pública.
La separación del cargo de Munguía es un duro golpe a la estrategia de seguridad pública que lleva a cabo el gobierno de Funes desde que inició hace un año una tregua entre las pandillas 18 y MS-13.
La tregua es clave para detener la guerra territorial entre las dos bandas, ya que la cuota de asesinatos bajó de 14 a un promedio de cinco diarios.
Pero a lo largo de estos meses las dos pandillas han extendido el control de barrios y zonas del país mediante la extorsión y el narcomenudeo.
Aunque el presidente Funes niega que haya existido una negociación con los jefes de las pandillas, el ministro Munguía admitió que los pandilleros acordaron disminuir la guerra territorial a cambio de beneficios carcelarios.
En El Salvador al menos 10.000 pandilleros están en las cárceles y alrededor de 50.000 están libres y ejercen control férreo en las principales ciudades del país.
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