Petro propone ley para reducir penas a criminales en Colombia a cambio de desarme

El gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha presentado un controvertido proyecto de ley que pretende reglamentar el sometimiento a la justicia de grupos criminales, ofreciendo reducción de penas a cambio de desarme, reparación a víctimas y colaboración judicial. Esta iniciativa, una de las prioridades para el último año legislativo de Petro, llega en un contexto adverso: procesos de paz estancados, elecciones legislativas en el horizonte y creciente rechazo desde diversos sectores del Estado y la sociedad.

“Equivocadamente se ha dicho que es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Se equivocan: tiene un mínimo de retribución, de una pena privativa de la libertad”, defendió el ministro de Justicia Eduardo Montealegre. La propuesta retoma una idea que ya fracasó en 2023 y busca llenar el vacío jurídico tras la aprobación de la Ley de Paz Total en 2022, que exigía una norma específica para negociar con estructuras armadas sin estatus político como el Clan del Golfo.

El texto plantea penas de entre 5 y 8 años para los máximos responsables de organizaciones como el Clan del Golfo y entre 2 y 5 años para sus integrantes, bajo el marco de la justicia transicional. Montealegre justificó que estos grupos “no necesitan ser considerados actores políticos” para acceder a los beneficios. “Estamos frente a estructuras organizadas que tienen unidad de mando, voz, modus operandi y presencia en el territorio nacional”, argumentó.

Además, el proyecto contempla otras dos figuras:

Bandas criminales urbanas, como Los Shottas y Los Espartanos, que podrían recibir penas reducidas del 40% al 60% de la condena original.

Jóvenes judicializados por protestas sociales de 2019 y 2021, quienes podrían obtener rebajas de hasta el 70% y libertad condicional tras dos años de prisión efectiva. Este punto, ausente en la versión anterior, ha generado gran polémica.

“Es un proyecto que trata de rescatar y hacer efectivo el derecho constitucional a la paz, pero simultáneamente implica una política de restablecimiento del orden público”, dijo Montealegre, quien también señaló que el acceso a beneficios será condicionado a un acuerdo con la Fiscalía, incluyendo la entrega de bienes y estructuras criminales. No obstante, una cláusula permite que los criminales conserven hasta el 12% de sus bienes, el doble de lo previsto en 2023.

La Corte Suprema de Justicia votó en contra de la iniciativa durante el Consejo Superior de Política Criminal. La magistrada Ávila Roldán lamentó la falta de debate: “Se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado”. El alto tribunal también advirtió la falta de claridad en la implementación y en los recursos asignados para la Fiscalía y los jueces penales.

Incluso dentro del Ejecutivo hay fisuras. El comisionado de paz Otty Patiño declaró que hubo escasa comunicación con Montealegre y alertó que “habrá quienes vean el proyecto como una gran apertura hacia la impunidad”. Su crítica fue respondida con dureza: “Me parece absolutamente inconcebible que se convierta en un francotirador de la paz”, replicó el ministro.

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que aplicar justicia transicional a grupos como el Clan del Golfo sería un error: “Sería un salto al vacío y una irresponsabilidad aprobar el proyecto”. Humberto de la Calle, jefe negociador del acuerdo con las FARC, lo calificó de “peligroso porque salen a la calle capos pura sangre” y lo consideró inoportuno ante la debilidad estatal.

Por su parte, la exministra Ángela María Buitrago criticó que las víctimas no fueron consultadas y alertó que el proyecto “incluye una amnistía que no tiene que ver con la paz total”. También el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sentenció: “La posibilidad es absolutamente nula”.

Montealegre, por su parte, defendió con firmeza el propósito de la ley: “Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”.