Hacienda pública y Fiscalía defienden a la Infanta Cristina

Cristina de Borbón, la hermana menor del rey de España, se sentó ayer, por primera vez, en el banquillo de los acusados, imputada por fraude fiscal en un juicio por corrupción protagonizado por su marido, Iñaki Urdangarin. La Infanta mantiene la esperanza de que se levanten los cargos en su contra al contar, durante el juicio, con el respaldo de Hacienda Pública y de la Fiscalía.

La exduquesa de Palma de Mallorca enfrenta una petición de pena de 8 años pero únicamente por parte de una acusación popular -la asociación ultraderechista Manos Limpias-, dado que ni la fiscalía ni la Hacienda pública actuaron contra ella.

Las actuaciones de la Fiscalía y Hacienda representan su esperanza de escapar al juicio: una hora después de la apertura del proceso, su defensa argumentó que no puede ser juzgada si únicamente es acusada por una acción popular, reportaron medios españoles.

‘Lo apoya una doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional', afirmó uno de sus abogados. También se manifestaron en este sentido la abogada de la Hacienda pública y el fiscal.

Este último dijo, incluso, disponer de un nuevo informe según el cual la infanta no cometió delito fiscal.

PRIVILEGIOS

En tanto, la representante de Manos Limpias, defendió que la acusación popular es un derecho recogido en la Constitución.

‘Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto no pueden ser de aplicación doctrinas anacrónicas', que equivaldrían a ‘un privilegio', aseguró.

‘No habrá ningún juez valiente en este país que vaya a enviar a la cárcel a la infanta Cristina', se lamentaba Francisco Solana, desempleado de 45 años, con una bandera republicana sobre los hombros, que se encontraba a las afueras del tribunal, indicó AFP.

Durante la instrucción, Urdangarin se esforzó por desvincular a la infanta, a su padre y a la Casa Real de todos sus negocios.

Sin embargo, Diego Torres (socio de Urdangarín en el fraude) siempre defendió que Juan Carlos I estaba al corriente de la actividad de Nóos.

‘La Casa Real era informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba', reiteró el domingo en una entrevista televisiva.

Este lunes, su abogado volvió a pedir que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, algo que la justicia ya había denegado.

EL JUICIO

En la primera sesión de un macrojuicio que debe durar hasta junio, tanto su defensa como la fiscalía desplegaron un arsenal de argumentos ante tres juezas de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, para intentar que la infanta no sea procesada.

Pero a la espera de que el tribunal decida, Cristina, de 50 años, tuvo que sentarse junto a los otros 17 acusados en una sala presidida por el retrato de su hermano, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos, en junio de 2014.

La sesión, dedicada a cuestiones de procedimiento, duró casi 13 horas, con algunas pausas.

El juicio se reanudará el 9 de febrero y el tribunal anunció que decidirá como muy tarde ese día sobre si se juzga o no a la infanta.

MANIFESTACIONES

.'¡Los Borbones, a los tiburones!', ‘¡España, mañana, será republicana!', gritaban manifestantes a la puerta del tribunal, informó AFP.

La hermana del rey y su esposo viven desde 2013 en un ‘exilio dorado' en Ginebra junto a sus cuatro hijos.

La segunda hija de Juan Carlos I enfrenta cargos por dos delitos fiscales en relación con la presunta malversación de $6.5 millones por su esposo y un exsocio de éste, quienes están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

El fiscal pide para ellos 19.5 años y 16.5 años de cárcel respectivamente.

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LA DEFENSA

‘Se violan los derechos de Cristina'

El abogado defensor de la infanta Cristina, Jesús María Silva, solicitó ayer la nulidad de la acusación de su cliente, asegura que se están vulnerando sus ‘derechos fundamentales'.

El letrado subrayó que el grupo Manos Limpias, acusación popular en la causa, no está legitimado para mantener en solitario la imputación de Cristina de Borbón si no la secundan ni la Fiscalía ni acusaciones particulares.

Según explicó, el auto de apertura de juicio oral vulnera el derecho fundamental a la defensa de la hermana del rey, por lo que debe ser anulado.

El abogado citó a varios prestigiosos penalistas para calificar el encausamiento sostenido en solitario por una acusación popular como ‘una de las peores pesadillas' de los teóricos del Derecho.

Indicó que, además del fallo del Tribunal Supremo que exoneró de acusación al banquero español Emilio Botín en 2007, hay pronunciamientos posteriores del mismo órgano que confirman y precisan la misma jurisprudencia en este sentido.

Además, el jurista enfatizó que el Tribunal Supremo español ha planteado expresamente que este principio es ‘vinculante para todos los órganos de la jurisdicción'. EFE