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- 13/03/2026 13:03
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) prepara la presentación de una demanda ante los tribunales contra las empresas Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá, que opera bajo la marca Más Móvil, tras ordenar la suspensión provisional de los aumentos en planes de telefonía móvil aplicados en 2026.
La acción judicial podría presentarse el jueves 19 de marzo, de acuerdo con la Ley 45 de 2007 establece un plazo de cinco días hábiles para presentar la demanda tras ordenar la suspensión provisional de la medida.
La resolución emitida por la Acodeco ordena suspender provisionalmente el aumento de tarifas en planes de telefonía celular, tanto prepago como pospago, mientras avanza la investigación administrativa por la posible comisión de prácticas monopolísticas absolutas.
La medida se fundamenta en el artículo 105 de la Ley 45, que faculta a la autoridad a ordenar medidas cautelares cuando exista riesgo de que la conducta investigada continúe causando efectos en el mercado. El artículo establece la figura de “suspensión provisional”, la Acodeco dispone de cinco días hábiles para formalizar la demanda ante los tribunales, de lo contrario la medida cautelar queda sin efecto.
Uno de los elementos que podría convertirse en el punto central de la demanda es la coincidencia en los planes y aumentos aplicados por ambas compañías, lo que genera suspicacia entre las autoridades y los consumidores.
El mercado de telefonía móvil en Panamá quedó concentrado principalmente en dos operadores —Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá— tras la salida de Digicel en 2024.
En este contexto, la Acodeco analiza si los ajustes tarifarios aplicados en servicios de datos y telefonía móvil responden a decisiones independientes de cada empresa o si existe una posible coordinación que afecte la competencia.
Una investigación publicada por La Estrella de Panamá reveló que las primeras alertas sobre aumentos en planes de telefonía prepago surgieron a inicios de febrero de 2026, cuando usuarios empezaron a reportar cambios en los precios en redes sociales.
Posteriormente, algunos clientes de Más Móvil recibieron mensajes SMS informativos el 3 de marzo, mientras que en el caso de Tigo usuarios reportaron avisos dentro de la aplicación móvil de la empresa relacionados con la actualización de paquetes de datos.
La Acodeco abrió formalmente el expediente de investigación el 19 de febrero, tras recibir denuncias de consumidores sobre posibles aumentos sin aviso previo.
La investigación se desarrolla en coordinación con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entidad que regula el sector de telecomunicaciones.
La entidad informó que la suspensión se aplica a los aumentos anunciados, implementados o vigentes durante 2026, mientras se decide la presentación de la demanda ante los tribunales.
Además, la institución advirtió que si las empresas continúan aplicando los cobros suspendidos, los usuarios pueden presentar denuncias formales, lo que podría derivar en sanciones por desacato.
Tras la resolución, Cable & Wireless Panamá informó que respeta los procesos de las autoridades y que analiza el alcance de la decisión con su equipo legal.
La empresa señaló que opera “en estricto cumplimiento de la legislación vigente” y que mantiene su disposición de colaborar de forma transparente con las autoridades.
Por su parte, Tigo Panamá comunicó a sus clientes que ajustará sus sistemas para cumplir con la suspensión ordenada por la Acodeco y que participa en el proceso aportando la información necesaria dentro del marco legal.
Tras la medida de la autoridad, ambas operadoras realizaron modificaciones en algunos de sus paquetes de datos móviles.
En el caso de Tigo, los nuevos paquetes de prepago incluyen:
La empresa también informó que algunos planes de data ilimitada de 3, 10 y 15 días se actualizaron, mientras otros ajustes se aplican progresivamente.
Por su parte, Más Móvil anunció planes de data ilimitada como:
Las autoridades analizan si estos ajustes cumplen con las normas de transparencia y aviso previo establecidas en los contratos de concesión del sector.
Si la Acodeco decide presentar la demanda y los tribunales determinan que existieron prácticas anticompetitivas, las empresas podrían enfrentar multas que van desde $250 mil hasta $1 millón, además de otras medidas correctivas.
Mientras avanza el proceso, la autoridad recomienda a los usuarios reportar cualquier cambio en sus tarifas para fortalecer la investigación.