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¿Puede una congresista apartar del cargo a Gustavo Petro? El debate que sacude a Colombia
- 10/06/2026 12:15
Juristas, ministros y analistas cuestionan la legalidad de una iniciativa que ha generado controversia institucional en plena recta final electoral
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Agrega La Estrella en Google ↗️La controversia por la solicitud de suspensión temporal del presidente Gustavo Petro escaló este miércoles luego de que expertos en derecho constitucional, miembros del Gobierno y analistas políticos coincidieran en cuestionar la viabilidad jurídica de la medida impulsada por la representante Gloria Arizabaleta.
La decisión, presentada en medio de la recta final de la campaña presidencial colombiana, ha abierto un intenso debate sobre los límites de las competencias de la Comisión de Acusaciones y los posibles efectos políticos de una iniciativa que, según diversos sectores, carece de respaldo constitucional.
Cuestionamientos constitucionales
La medida cautelar promovida por Arizabaleta busca apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado mientras avanzan investigaciones relacionadas con una presunta participación en actividades políticas durante el proceso electoral.
Sin embargo, especialistas consultados por distintos medios sostienen que la Constitución colombiana establece un procedimiento específico para cualquier eventual suspensión presidencial y que dicha facultad corresponde exclusivamente al Senado de la República.
El abogado constitucionalista Enan Arrieta señaló que las disposiciones disciplinarias invocadas en la decisión no pueden aplicarse por encima de lo establecido en la Carta Magna, la cual reserva esa competencia a otra instancia del Estado.
En la misma línea, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, recordó que el documento fue emitido por la representante investigadora y no por la Comisión de Acusaciones en pleno, por lo que aún tendría que surtir varios trámites institucionales antes de llegar al Senado.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la Comisión actúa como órgano instructor y carece de atribuciones para suspender directamente al presidente de la República.
“No tiene validez jurídica”
Las críticas también llegaron desde la academia.
El abogado y profesor universitario Sergio Morales aseguró que la actuación no solo sería nula, sino jurídicamente inexistente, al haber sido emitida por una autoridad que, según su criterio, no posee competencia para adoptar una decisión de esa naturaleza.
Para el experto, se trata de una actuación que no genera efectos legales porque excede las facultades asignadas por el ordenamiento jurídico colombiano.
Las opiniones coinciden en que cualquier medida contra un mandatario en ejercicio requiere procedimientos específicos y la intervención de órganos constitucionalmente facultados para ello.
Debate sobre los posibles intereses políticos
Más allá de la discusión legal, la iniciativa ha despertado interpretaciones sobre sus posibles repercusiones electorales.
Diversos analistas consideran que la medida podría terminar favoreciendo la narrativa impulsada por sectores cercanos al presidente Petro, quienes han denunciado en repetidas ocasiones supuestos intentos de bloqueo institucional contra el Gobierno.
Según esta lectura, la polémica podría fortalecer el discurso de persecución política en un momento clave de la campaña presidencial y movilizar a parte del electorado afín al oficialismo.
Otros observadores sostienen que el episodio también podría generar un efecto contrario y alejar a votantes moderados que aún no han definido su posición de cara a la segunda vuelta.
Preocupación por el precedente institucional
El debate ha trascendido el terreno electoral y se ha trasladado a la estabilidad institucional del país.
Juristas y analistas advierten que permitir que un congresista adopte de manera individual decisiones sobre la permanencia de un presidente en funciones abriría un precedente sin antecedentes en la democracia colombiana.
Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, calificó la situación como irregular y alertó sobre los riesgos de crear escenarios de incertidumbre institucional que no están contemplados en la Constitución.
Mientras continúan las discusiones sobre el alcance real de la medida, el episodio añade un nuevo elemento de tensión a una campaña presidencial marcada por la polarización política y los cuestionamientos sobre el papel del mandatario en el proceso electoral.
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