Un año de los aranceles de Trump: Supremo los declara ilegales y golpean economía de Estados Unidos

El 2 de abril de 2025 marcó un punto de inflexión en la política comercial global. Ese día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un paquete de aranceles sin precedentes que alteró las reglas del comercio internacional establecidas tras la Segunda Guerra Mundial.

Bajo el llamado “Día de la Liberación”, Washington impuso tarifas generalizadas del 10% y de hasta el 50% a países con los que mantenía déficit comercial, en una apuesta por reducir la dependencia externa y reactivar la industria nacional. Sin embargo, un año después, los resultados distan de las promesas iniciales.

A pesar de haber recaudado unos 264.000 millones de dólares, la estrategia no logró disminuir el déficit comercial ni impulsar significativamente la inversión extranjera o la reapertura de fábricas en territorio estadounidense.

El crecimiento económico se desaceleró, pasando de 2,8% en 2024 a 2,1% en 2025, mientras el empleo se estancó y millones de familias enfrentaron una crisis de asequibilidad marcada por el aumento de precios.

Además, lejos de debilitar a China, las exportaciones del gigante asiático se redirigieron hacia nuevos mercados, evidenciando la capacidad de adaptación del comercio global.

Las medidas también generaron un reordenamiento de alianzas. La Unión Europea aceleró acuerdos comerciales con bloques como Mercosur y estrechó vínculos con China, India y Australia, alejándose de Washington.

El sistema de tarifas se convirtió en una estructura compleja de excepciones, negociaciones bilaterales y amenazas comerciales, lo que dificultó la previsibilidad del mercado internacional.

Diversos estudios coinciden en que el peso real de los aranceles recayó principalmente en la economía interna. Un informe de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que cerca del 90% del costo fue asumido por consumidores y empresas estadounidenses.

En paralelo, la organización Tax Foundation estimó que estas políticas equivalen a un impuesto adicional de hasta 1.000 dólares por hogar, con incrementos adicionales proyectados para 2026.

Pequeñas empresas, en particular, reportaron dificultades para crecer, contratar o innovar, limitándose a sobrevivir ante el aumento de costos y la incertidumbre comercial.

El golpe definitivo llegó cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles, argumentando que el presidente excedió sus facultades al aplicar medidas basadas en una ley de emergencia destinada a contextos de guerra.

La decisión no solo desmontó el esquema tarifario, sino que abrió la puerta a reclamaciones por reembolsos que podrían alcanzar los 170.000 millones de dólares.

En respuesta, la administración Trump anunció nuevos aranceles temporales del 10%, sujetos a aprobación del Congreso, en un escenario político marcado por divisiones internas.

Aunque algunos analistas anticipaban un colapso económico global, estudios de la Brookings Institution indican que el efecto macroeconómico fue limitado, con una reducción del PIB estimada entre 0,1% y 0,13%.

No obstante, los expertos coinciden en que, a largo plazo, estas políticas reducen el tamaño de la economía y provocan una reasignación de recursos entre sectores, con efectos desiguales.

A un año del anuncio, la política arancelaria de Trump deja un saldo mixto: ingresos fiscales significativos, pero sin los beneficios estructurales prometidos.

El comercio global se adaptó, las alianzas cambiaron y el costo terminó trasladándose, en gran medida, a los propios estadounidenses.