Uruguay abre un nuevo capítulo en América Latina: el derecho a morir con dignidad entra al debate final

Uruguay se encuentra en la antesala de una decisión histórica: este 15 de octubre, el Senado votará el proyecto de ley que regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, conocido como Ley de Muerte Digna. De ser aprobada, convertiría al país en el primero de América Latina en legalizar la práctica por decisión parlamentaria, distanciándose de los modelos de Colombia y Ecuador, donde fue la justicia constitucional la que despenalizó el procedimiento.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, fue impulsada por legisladores del Frente Amplio (FA) con respaldo de sectores del Partido Colorado, y define el derecho de cualquier persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y con una enfermedad irreversible o terminal, a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo condiciones reguladas.

El texto establece un procedimiento preciso: el paciente deberá presentar una solicitud escrita ante su médico tratante, quien deberá confirmar el diagnóstico y explicar los tratamientos disponibles. Un segundo profesional, o una junta médica en caso de discrepancia, deberá ratificar la solicitud. Tras una segunda entrevista, el paciente podrá reafirmar su decisión por escrito ante testigos, y el médico ejecutará la voluntad del solicitante cuándo y dónde este lo determine.

El proyecto también garantiza el derecho a la objeción de conciencia para los médicos que no deseen participar, pero obliga a los centros de salud públicos y privados a ofrecer el servicio. “Es un paso hacia una sociedad más compasiva y respetuosa con el sufrimiento ajeno”, afirma el neurólogo y diputado Federico Preve, uno de sus principales impulsores.

En el continente, la eutanasia ha sido un tema profundamente divisivo. En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó la práctica en 1997 y emitió su reglamentación en 2015. En Ecuador, un fallo judicial permitió el procedimiento bajo circunstancias específicas en 2023. Otros países, como Chile, México y Argentina, mantienen iniciativas en discusión, pero sin avances legislativos concretos.

Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos apoya la aprobación de la ley, mientras que un 24% se opone. Para sus defensores, se trata de un asunto de libertad individual; para sus detractores, de una pendiente ética peligrosa.

El colectivo Prudencia Uruguay, que agrupa a profesionales de la salud y organizaciones religiosas, sostiene que la propuesta “discrimina a los más vulnerables” y carece de evaluaciones psicológicas previas. “El derecho a vivir no puede transformarse en obligación de morir”, argumenta su portavoz, Miguel Pastorino.

Preve, por su parte, responde que la ley “no impone creencias”, sino que ofrece una opción a quien sufre sin remedio. “Quien no quiera acogerse a este derecho, no lo hará. Pero quien desee una muerte en paz, podrá hacerlo amparado por la ley”, asegura.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentar la ley, que consolidaría a Uruguay como pionero regional en materia de derechos humanos y bioética.