Venezuela: Foro Penal rechaza acusaciones de Jorge Rodríguez sobre cobros por excarcelaciones

La ONG Foro Penal emitió este martes un comunicado para rechazar las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien les acusó de cobrar dinero por tramitar liberaciones de presos políticos,

La organización catalogó las aafirmaciones como “falsas” y “dañinas” para su reputación y su trabajo de defensa de derechos humanos.

En su declaración formal, el organismo señaló de forma categórica que nunca exige pago alguno por la asistencia legal gratuita que presta a víctimas de violaciones de derechos humanos, y recordó que ha brindado este apoyo a más de 15,000 personas durante más de 23 años.

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que el presidente de la Asamblea Nacional aseguró ante el parlamento que pondría “a absoluta y total disposición” las listas de los excarcelados, sugiriendo una participación impropia de la ONG en el proceso de liberaciones.

Foro Penal rechazó esas imputaciones y demandó mayor transparencia por parte de las autoridades sobre las identidades y criterios de excarcelación, en un momento en que la falta de datos oficiales ha generado incertidumbre sobre las cifras reales de liberados.

La organización aclaró que las dudas sobre quiénes son los excarcelados no provienen de sus análisis, sino del incumplimiento de los órganos públicos de informar de manera clara y transparente. Foro Penal instó a la Asamblea y otras instituciones a publicar listas oficiales y los criterios utilizados para decidir quiénes resultan favorecidos, especialmente en un tema de interés humano y social.

Según cifras independientes, hasta el 13 de enero se han verificado entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, muy por debajo de las cifras anunciadas por el Gobierno.

Foro Penal también enfatizó que, aunque no posee “las llaves de las celdas”, su labor de registro, documentación y denuncia ha sido fundamental para que se produzcan excarcelaciones.

En el comunicado, la ONG destacó que su enfoque es prestar asistencia legal gratuita a personas que han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos por actos de represión con motivación política, basado en criterios internacionales y estudios especializados.

La organización explicó que su trabajo implica discernir cuáles excarcelaciones corresponden efectivamente a personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos, una tarea compleja debido a la falta de información oficial y la opacidad en los procesos.

Hasta la fecha de emisión del comunicado, Foro Penal había confirmado 56 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, pese a los anuncios estatales de cifras mucho mayores.

En ese sentido, Foro Penal destacó que la discrepancia entre las cifras anunciadas por la Asamblea y las verificadas por organizaciones civiles refleja una falta de transparencia que mantiene en angustia a los presos y sus familias, y que no contribuye a la reconciliación ni a la convivencia nacional.

La organización reiteró que su papel no reemplaza la responsabilidad del Estado de cumplir con la obligación de informar claramente sobre los procesos y resultados de excarcelaciones.

El posicionamiento de Foro Penal se enmarca en un momento de tensión política en Venezuela, en el que las excarcelaciones de presos políticos han sido un tema central tras anuncios oficiales de liberaciones en medio de presiones internas e internacionales.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que, hasta principios de enero de 2026, se confirmaron solo decenas de liberaciones frente a cientos de detenidos por motivos políticos, lo que ha generado dudas sobre la verdadera implementación de dichos procesos.

Foro Penal concluyó su comunicado reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la asistencia legal gratuita, y subrayó que su trabajo continuará documentando y verificando cada caso de prisión arbitraria y excarcelación, en un contexto donde la claridad y el acceso a la información son esenciales para la confianza pública y la protección de los derechos fundamentales.