Ya hay moratoria minera

PANAMÁ. El gobierno panameño ha recibido entre 1990 y 2008, 206 solicitudes de concesión para exploración minera, correspondientes a 2,647,504 de hectáreas (ha). De ellas, 48 (758,941 ha) se declararon elegibles, es decir, cumplen con los requisitos contractuales. De ellas sólo a 12 (93,464 ha) se les aprobó el contrato. En pocas palabras, 194 solicitudes de exploración (2,554,040 ha) se encuentran aún pendientes de finalizar la evaluación. Esto es actualmente un 35% del subsuelo del área total del país que se encuentra en un limbo burocrático, ante el cual empresas, comunidades, organizaciones ambientales y autoridades se han enfrentado en un debate en el que cada uno dice tener la razón.

Con estas cifras en la mano, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, respondió a la solicitud de moratoria minera anunciada por la Defensoría del Pueblo, en apoyo a organizaciones ambientales como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Fundación Albatros y el Centro de Acción Social (CEASPA). “La moratoria minera es un hecho. La creó el Estado con su inacción, al no resolver el estatus de más de 2 millones de hectáreas pedidas en concesión para la minería, y sobre las cuales no se ha resuelto nada”.

Cuevas, quien visitó La Estrella acompañado por el director ejecutivo de la Cámara, Zorel Morales y la ingeniera Ana Méndez, refutó los cálculos presentados en una rueda de prensa por Raisa Banfield, del CIAM. Según las cuentas de la Cámara, de los 7.5 millones de hectáreas del territorio nacional, el 40% son áreas protegidas y zonas comarcales que no pueden darse en concesión para minería, sobre el 31% (aproximadamente 2.3 millones de hectáreas) el Estado no ha tomado una decisión y sólo el 1.24% del país (93,143 hectáreas) se han entregado en concesión (ver mapa).

La indecisión del Estado es, en opinión de Cuevas, la causa de la confusión generada alrededor del territorio entregado para concesiones mineras. “Las cifras que se mencionan no están en concesión. Son áreas sobre las cuales en algún momento entre 1990 y 2008 se presentó una solicitud, pero en la mayoría de los casos no se ha resuelto la petición de las compañías”, agregó Cuevas.

Zorel, por su parte, hizo referencia a los cuestionamientos sobre el 2% de la producción bruta que se exige en Panamá a las compañías mineras, como regalía por el derecho a la explotación. “La cifra es una de las más altas de Latinoamérica”.

Según Zorel, en Perú, un país con un sector minero importante, las regalías representan entre el 1% y el 3% de las ventas (es decir de lo que realmente se exporta) y el promedio en Centroamérica es entre el 1% y el 1.5% de la producción bruta.

“Lo que necesitamos es una legislación y un Estado fuerte, que exijan a las compañías cumplir con los estándares internacionales y el Código Minero”, enfatizó la ingeniera Méndez. “Hay compañías responsables que cumplen con las normas y protegen el medio ambiente y las comunidades”, agregó. En este sentido, Cuevas y Morales insistieron en que no se puede acusar a las empresas mineras indistintamente de atentar contra el medio ambiente. “Hay empresas que han tenido problemas, pero para eso están las autoridades, para hacerlas responder por ellos”, anotó Cuevas.

El presidente de la Cámara recalcó que el principal enemigo del medio ambiente es la pobreza, que ha llevado a los campesinos a ampliar la frontera agrícola a base de deforestar extensiones de terreno que superan con creces las que se han otorgado para la explotación minera.