Un refugio lleno de lujo y confort

PANAMÁ. David Murcia Guzmán llegó a Panamá por primera vez en noviembre de 2005, y le encantó lo que encontró. En solo tres años, entrando y saliendo del país 16 veces, construyó aquí una fortaleza económica de grandes proporciones y llena de lujos.

En julio del 2006, alquiló un apartamento en el exclusivo Miramar Plaza, en la avenida Balboa, por más de ocho mil dólares al mes. Fue su cuartel secreto “jet set”, y desde ahí proyectó su negocio de DMG.

Y antes de marcharse definitivamente y rodeado de policías, en noviembre del año pasado, tuvo por residencia otro de los barrios a los que pocos entran: Costa del Este.

Hasta entonces fue un empresario próspero que en la capital panameña ostentaba una vida de película. En el guión no se escatimó detalles: aviones privados y yates envidiables desde donde, según cuenta la leyenda, hizo las mejores fiestas que las aguas nacionales conocieron. Y recorrió las calles a toda máquina, provocando las miradas a bordo de sus Ferraris, sus Maseratis y aquel único Lamborghini que tenía.

Deslumbró a propios y extraños; y con los empresarios panameños ya en su bolsillo, hizo negocios a sus anchas.

Pero el cuento de hadas se cayó a pedazos. La Fiscalía Decimocuarta del Ministerio Público incautó los restos del imperio soñado. Las naves, los bólidos, los apartamentos en Punta Pacífica -la otra área top de la city, cerquita del mega hotel que construye el magnate norteamericano Donald Trump en Panamá.- y la casita de Obarrio en la que dicen que gustaba de ofrecer el té de bienvenida a sus socios colombianos.

Informes de la Policía Nacional de Colombia indican que el empresario tras las rejas tendría otros seis carros de lujo, dos aviones y dos yates más, uno de estos, de bandera panameña, cautelado en Cartagena.

Murcia no es más un símbolo de estatus local. Por el contrario, todo aquel que lo conoció niega ahora haber pronunciado, siquiera, su nombre. Pero él, tan querido, no olvida a los amigos y hasta les escribió cartas desde la prisión.

Despojado del glamour, sintetizó su claro deseo en sendas misivas que envió a Panamá en enero pasado: “Yo sé que me tienes más de 8 millones y los necesito, no quiero recurrir a otros medios”.

El autor, que no se refiere a repartir abrazos de oso, dirigió el saludo a los empresarios Ernesto Chong y Martín Rodin; socios y colaboradores a quienes acusa de haberse quedado con valores suyos, luego de que el emporio DMG colapsó.

El desglose de lo que se le reclama a Chong viene así: Son 4 millones depositados en una cuenta que él abrió en Belice, más 4 millones en efectivo y unos diamantes -por un millón- que Murcia le mandó a cuidar horas antes de su detención. También se le reclama el avión marca Cessna Citation II 550 (1980), valorado en 2 millones.

Dentro del proceso que se le sigue en Colombia -por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, captación masiva de dineros y cohecho- hay una conversación telefónica que involucra a Chong.

Pero en febrero, PMC Group -la empresa de Chong- publicó un comunicado en el que aclaró que prestó a DMG “servicios legales de acuerdo con los procedimientos establecidos dentro de la ley”; y negó enfáticamente todo lo publicado en los medios.

A finales de 2006 abrió sus puertas DMG Panamá. La filial panameña del holding colombiano ofrecía maravillas nunca antes vistas. Quien quisiera podía invertir hasta 25 mil dólares adquiriendo bonos de compras que podían cambiarse en -prácticamente- cualquier lado. Gimnasios, supermercados o farmacias; los usos no tenían límites. El comercial decía que se podía comprar desde un botón hasta un avión, rima incluida y todo.

Luego de gastarlos, en cinco o seis meses, dependiendo del plan, los inversionistas recuperaban el 50% o 70% del costo del bono. ¿Y la compra? Claro.. ¡Además se quedaban con la mercancía adquirida!

Tristemente, para Murcia y para los inversionistas panameños, la maravilla duró poco. Ahora, al dueño de DMG se le acusa en Panamá de estafa por captación ilegal de dinero y de blanqueo de capital asociado al narcotráfico. En el país había cinco empresas sucursales de DMG, a las que les fue cancelada su licencia comercial; y alrededor de 600 personas se han declarado afectadas por negociar con ellas, por un monto cercano al millón de dólares.

En la primera semana de marzo, surgieron los cargos contra las personas que lo rodeaban. A Joanna León Bermúdez, su esposa y accionista en casi todas sus empresas, el fiscal primero de drogas de Panamá, José Abel Almegor, le formuló cargos por blanqueo de capitales.

El otro de la lista fue Ernesto Chong Coronado. El Ministerio Público sostiene la hipótesis de la que todos hablan: que además de asesor y contador del detenido, administró sus bienes y sociedades y supo ocultar bienes en compañías ficticias.

Las investigaciones también comprometen al abogado Jorge Garrido, sospechado de confeccionar más de 200 sociedades anónimas para burlar controles y esconder las millonarias posesiones del fundador de DMG. Se le acusa de ser su testaferro.