La herencia de Pablo Quintero

PANAMÁ. Todo estalló el 27 de enero de 2005, cuando el arbitraje condenó a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (en síntesis al Estado panameño) pagarle al ciudadano francés Laurent Jean Marc Parienti 32 millones 521 mil 683 dólares, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios, y el lucro cesante, causados por la desposesión de los derechos de concesión para construir y operar una terminal de transporte terrestre de pasajeros en la provincia de Colón.

El 10 de junio de 2002, el entonces director de Tránsito, Pablo Quintero Luna le dio la concesión al empresario francés Laurent Jean Marc Parienti. Sorpresivamente meses después, en 2003, Quintero Luna le canceló la concesión y se la otorgó al empresario panameño Gassam Salama, ligado al gobierno panameñista y que fue gobernador en la provincia de Colón en ese mismo período.

Parienti, ni lerdo ni perezoso, sometió el caso a arbitraje, logrando una sentencia a su favor el 27 de enero de 2005, cinco meses luego de estrenado el nuevo gobierno presidido por Martín Torrijos. El escándalo estalló de inmediato y las críticas hacia Quintero Luna no se hicieron esperar. El nuevo gobierno, raudo y veloz, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la anulación del laudo arbitral, logrando una sentencia a su favor el 20 de septiembre de 2006.

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte, en su fallo, dijo que en el arbitraje se violó un convenio de las Naciones Unidas para la integración del tribunal de arbitraje y, además que, el Estado ni la Nación panameña fueron notificados ni participaron en el proceso arbitral, lo que justificaba su anulación.

Parienti, empero, descubrió otro camino para seguir con su caso. Se trata de un convenio del 26 de julio de 1985 entre Panamá y Francia referente al trato y protección de las inversiones, el que a juicio de Pariente, con la sentencia de la Corte se había violado.

Con esto en mano, Parienti solicita la ejecución del laudo arbitral al Tribunal de Gran Instancia de París, fundamentándose en el numeral 2 del reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 15 de diciembre de 1976.

El Tribunal de Gran Instancia de París notifica de la acción al Gobierno de Panamá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, pero Panamá no presenta recurso alguno o se notifica.

El 19 de septiembre de 2007, el Tribunal de Gran Instancia de París ratifica el laudo arbitral que condenó a Panamá en enero de 2005 y nuevamente notifica vía diplomática a Panamá, de la sentencia y advierte que el plazo de apelación vence el 7 de enero de 2008.

Panamá no apela el caso y aquella condena por 32.5 millones de dólares había aumentado para esa fecha a 38 millones de dólares, suma que aumenta cada día en 4,455.02 dólares.

Pero al margen de la sentencia, algunas fuentes confirmaron que la magistrada Esmeralda de Troitiño se le prohibió entrar al país galo con su investidura de magistrada. “Puede entrar como ciudadana panameña, no como magistrada de una Corte de Panamá”, reveló una fuente, quien explicó que todo se debe a la sentencia de la Corte, pues el gobierno galo considera que no analizó adecuadamente el caso.

A raíz de esta condena, el contralor Carlos Vallarino ha enviado sendas cartas al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, para ver cómo se procederá con el pago o si al menos frenan la multa diaria de casi cinco mil dólares.

La Estrella intentó obtener una versión de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este caso, pero no han dicho una palabra.

Hasta ahora lo que se sabe es que el nuevo inquilino del Palacio de las Garzas que se encargará el 1 de julio próximo, le espera un pasivo de casi 40 millones de dólares y en crecimiento. ¿De dónde saldrá esa plata?