Una reforma sin consulta

En la década de los 70, en el siglo pasado, como una medida populista, pero sin ningún estudio actuarial ni financiero serio previo, se estableció la inclusión de los beneficiarios en el sistema de seguridad social panameño, sin poner límites ni controles al respecto.

Desde ese momento hasta la fecha, la Caja de Seguro Social con la anuencia de las diversas Juntas Directivas que dicen representar a la población asegurada, ha aceptado sumisamente que sea la institución la que asuma los costos millonarios que implican atender a los beneficiarios.

En el fondo, el Estado que es el que de acuerdo a la Constitución debe proteger a toda su población, es el que ha evadido su responsabilidad y se ha “recostado” del Seguro Social, que es quien paga todos los costos de atención médica, medicamentos, insumos y hospitalización de esa población no asegurada.

Es sumamente extraño que el actual director general y la Junta Directiva, no hubieren propiciado previamente, un debate enriquecedor dentro del Seguro Social para escuchar los pareceres y opiniones encontradas de empresarios, adultos mayores, obreros, servidores públicos, gremios de la salud y administrativos, sobre el tema de los beneficiarios.

¿A qué le temen los señores de la Junta Directiva y el director general para no plantear el tema a nivel de la institución y de sus verdaderos dueños?

En otros países del continente, aún dentro de las medidas neoliberales vigentes en el ambiente, no se les ha ocurrido eliminar a los beneficiarios. En algunos casos el Estado asume el costo total de los beneficiarios y en otros aporta dos terceras partes de los costos y la otra entre empresarios y obreros.

También se establecen límites a los beneficiarios, dando cobertura gratuita a la esposa o esposo, hijos y padres del asegurado y cualquier otro beneficiario adicional se le cobra un porcentaje del costo al asegurado.

Lo cierto que regular o limitar la cantidad de beneficiarios es una medida que no gana votos ni simpatía, pero antes de tomar una decisión debemos saber, por qué el Seguro Social atiende a mas de dos millones de personas, si en realidad los cotizantes o asegurados, incluyendo los pensionados, apenas pasan del millón y mientras tanto el Estado evade esa carga económica y el Seguro Social la asume sin ningún resarcimiento económico siendo los mismos elevados.

Vale la pena que se hagan los informes actuariales y financieros al respecto y se aborde el tema en un amplio debate sin cartas escondidas bajo la mesa, ni agendas ocultas de aquellos que dicen ser los representantes de los asegurados, en una institución donde la mayoría parece que prefiere pasar agachada o dejar sus opiniones en los pasillos.