“No despilfarraré los dineros del Estado”, Bonissi

Cuestionado en el programa Encontremos Soluciones, Giuseppe Bonissi, actual procurador suplente de la Nación, aclaró por qué suspendió el contrato vigente entre la Procuraduría de la Nación y la empresa boliviana Aguilar & Asociados, que debía ofrecer una consultoría al Ministerio Público dentro del marco del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, al considerar que el monto de la misma era excesivo y que no llenaba las expectativas de la institución.

Bonissi ha venido señalando en todas sus exposiciones que persistirá en detener cualquier consultoría que considere como un despilfarro para la Nación, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Porque “resulta que estas consultorías no eran un regalo ni una donación del BID; es un préstamo que el Gobierno, y por consiguiente el pueblo, debe pagar”.

Ante la solicitud de cancelación que realizó directamente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reiteró que funcionarios del organismo le confirmaron que era permisible hacer modificaciones y las respectivas reformulaciones, ya que para el Estado las consultorías, tal cual estaban contratadas, no representaban los beneficios mínimos necesarios para el Ministerio Público.

“Uno de los aspectos que más me hizo señalar al público en general que no iba a firmar ninguno de los contratos, fue el hecho de que además de que los consultores eran todos extranjeros, había un paquete de consultores que se podía nombrar dentro de ese contrato recomendados por la administración.

Consideré antiética esta consideración, en virtud de que cualquier reclamo que quisiéramos hacerle a estas empresas serían irreales porque una de las excusas que nos darían sería que nosotros mismos recomendamos a estas personas”.

En base a ello tomó la decisión de simplemente no firmar ninguno de estos contratos ni refrendarlos. En medio de la polémica suscitada, Bonissi ya había cuestionado el salario de 10,400 dólares por dos meses de consultoría asignados en el contrato a Magaly Castillo, secretaria Ejecutiva de Alianza Pro Justicia Ciudadana.

El Procurador también hizo mención a otros aspectos específicos donde las irregularidades resultaban obvias, como por ejemplo que había situaciones en las que las empresas no contaban con locales en el territorio nacional, y por si fuera poco, hacían peticiones para que le remitieran al extranjero por DHL los contratos firmados; “un contrato de la Nación dando vueltas por todo el mundo… era bastante irresponsable si lo hubiéramos hecho. En base a estos parámetros tomé la decisión más correcta según mi conciencia y la mantendremos”.

CONSULTORIAS INEFICIENTES

Los beneficios de este tipo de consultorías para la institución y para el Estado son mínimas en comparación con todos los gastos que generan: “estamos hablando de que hay una confusión total porque se habla de que eran para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, lo que es totalmente falso ya que esto es para la defensa de las víctimas.

Una consultoría dada a 30 ó 40 funcionarios que jamás se especificaron”. El jefe del Ministerio Público añadió que lo único que hacen estas consultorías es recabar información dentro de la institución y elaborar una propuesta “que en parte hacen los mismos funcionarios”.

El costo de 251,000 es exagerado, acotó Bonissi, pues el trabajo es realizado básicamente por los mismos funcionarios del Ministerio Público donde lo único que hacen al final es un “mea culpa” sobre sus falencias. “He consultado a muchos de los fiscales que están ejerciendo, y que vienen de administraciones pasadas. Ellos me dijeron que estos consultores lo que hacen es preguntarles para que ellos den la información, recaban la misma y al final lo que se presenta es una recopilación.

Utilicemos este dinero en mejores situaciones, en verdaderos cursos que intensifiquen el apoyo en las instalaciones, solucionen la falta de personal en diferentes fiscalías, eso es lo que yo considero que es vital y urgente para poner en marcha el sistema fiscal que precariamente estamos haciendo porque nos faltan los fondos”.

Otra desventaja percibida por Bonissi es que estas consultorías suelen archivarse o dejarse tiradas, “se vuelven papel y no se ejecutan”, esto a pesar de lo que cuestan.

REPERCUSIONES INTERNACIONALES

Por si fuera poca toda la confusión generada por estas consultorías, Bonissi puntualizó que a nivel internacional también se han dado una serie de pronunciamientos de parte de un funcionario diplomático de otro estado amigo, quien ha señalado que no fue atendido por el Ministerio Público, pero “no íbamos a aceptar presiones, y es así en efecto porque él sabe que existe la vía diplomática para este tipo de reclamaciones”.

Era algo que debía tratarse a través de la Cancillería, no obstante el problema es que se estaban defendiendo los intereses de empresas privadas en donde ciertos funcionarios tenían intereses económicos, “y lo digo porque es una situación muy anormal”.

Indicó que el Estado presentará una queja formal a la Cancillería para que se tomen los correctivos necesarios con estos funcionarios, que a su juicio, pretenden intervenir en los fondos de Panamá, en cómo se van a manejar estos fondos, presionando al Gobierno incluso a través de los medios de comunicación y no a través de las vías diplomáticas correspondientes, cuando cualquiera que se mueve en estas esferas sabe que esta no es la vía correcta.

“No estamos violando los derechos de nadie. Tenemos los documentos del BID en donde nos señalan que no hemos cometido ninguna irregularidad. En el BID nos están apoyando 100% en lo que estamos haciendo”. Espera que no se especule con que el Ministerio Público le va a hacer daño al país, pues posiblemente se podrían afrontar demandas internacionales, demandas que, según expresó, “no tendrían ningún asidero legal