Corredores no valen lo que Panamá debe pagar por ellos

Ayer jueves compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens, a quien le correspondió explicar la situación real de las finanzas de la institución, así como las opciones de inversión a futuro.

Una vez finalizada la presentación que realizó Sáez Llorens, quien acudió en compañía de algunos de sus directores, el diputado opositor Leandro Ávila fue el primero en tomar la palabra y cuestionarlo sobre algunos detalles de tipo económico por él expuestos.

Resumiendo su extensa disertación quedó claro que aunque los Corredores Norte y Sur pudieran representar una buena inversión para la Caja, no hay ninguna razón lógica para que el país pague al menos 145 millones de dólares más del valor que en libros parecen tener las vías rápidas construidas durante los años noventa por las empresas mexicanas ICA y PYCSA.

Según se indica en algunos medios mexicanos, los grandes triunfadores en esta transacción serían a todas luces, las empresas mexicanas, que recuperarían ahora una inversión que deberían recibir en 30 años, resolviendo así sus reconocidos problemas de liquidez.

El diputado cuestionó el manejo de 220 millones de dólares que desde octubre pasado permanecen en depósitos “overnight” donde ganan poco más de .10%, esto debido a la decisión unilateral del Gobierno de esperar a mejores opciones de inversión para poner el dinero, acción calificada por Ávila como irresponsable, pues ha afectado en varios millones de dólares a los fondos que pertenecen a todos los jubilados y pensionados del país.

Asimismo objetó la decisión antojadiza del Estado de redimir anticipadamente bonos por valor de 573 millones de dólares, que dejaron de generar importantísimos intereses para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS. En este sentido Ávila pidió a los personeros del Gobierno que ofrezcan al país una explicación exhaustiva, por algo que a su juicio le ha causado una lesión patrimonial a la Caja, “porque estoy seguro que estos intereses estaban proyectados como ingresos a futuro, y se dejaron de recibir por una decisión tomada por el Gobierno y particularmente por el MEF”.

Aseguró que de no haberse dado las reformas a la Ley 51, cuyo costo tuvo que pagar en carne propia, el déficit actual de la Caja no sería de 64 millones de dólares sino de por lo menos 130 millones.

Pidió que se revisen bien las repercusiones que esta compra podría traer para las finanzas de la Caja, y reiteró que en caso de que la transacción resulte positiva, no hay justificación alguna para que el país, y en definitiva todos sus asegurados, paguen más del valor real de los corredores.