Abogados del caso Odebrecht alertan contradicciones y posibles nulidades en audiencia clave

En una extensa entrevista en el programa Debate Abierto, los abogados Carlos Carrillo y Pedro Meilán analizaron el estado actual del proceso judicial vinculado al caso Odebrecht en Panamá, calificándolo como uno de los expedientes más complejos y controversiales en la historia reciente del sistema penal panameño.

Carrillo, quien aseguró haber estado en el proceso “desde el día uno”, recordó que se trata de un expediente de casi 3 mil tomos y más de dos millones de páginas, originalmente compuesto por 23 causas que con el tiempo fueron separadas hasta concentrarse en la audiencia actual. A su juicio, el volumen del caso y el contexto político y judicial en el que se ha desarrollado explican los retrasos y las tensiones que hoy rodean el proceso.

El abogado destacó que la transmisión pública de la audiencia ha tenido efectos positivos al permitir un debate más amplio, incluso a nivel internacional, sobre un caso que calificó como “histórico” y atípico dentro del antiguo sistema penal inquisitivo. Sin embargo, advirtió que el proceso ha estado marcado por “rupturas y decepciones” que no son comunes en este tipo de investigaciones.

Uno de los puntos centrales abordados fue el cambio de criterio de la jueza respecto al derecho al contradictorio, especialmente en relación con testimonios provenientes de Brasil. Carrillo cuestionó que, tras suspender la audiencia en 2025 para garantizar ese derecho, la juzgadora retomara el proceso valorando nuevamente dichos testimonios bajo el criterio de “sana crítica”, lo que —según dijo— genera incertidumbre jurídica y contradicciones con decisiones previas.

Por su parte, Meilán coincidió en que la audiencia se desarrolla en un “cortocircuito jurídico”, al mezclar elementos del sistema penal acusatorio con prácticas del sistema inquisitivo. Señaló que esta dualidad afecta el derecho a defensa y recordó que, en su momento, la propia jueza había reconocido que la falta de contradictorio podía vulnerar derechos fundamentales.

Ambos abogados también pusieron sobre la mesa el tema de la prescripción de la acción penal, señalando que han transcurrido más de ocho y hasta doce años desde algunos de los hechos investigados, sin que exista una resolución definitiva. Meilán cuestionó que se utilice la figura del delito continuado para mantener abiertas causas que, a su juicio, ya habrían superado los plazos legales.

Otro eje del debate fue la criminalización de las donaciones políticas. Carrillo y Meilán coincidieron en que, para los años en que ocurrieron muchos de los hechos investigados (2007–2009), no existía una norma que prohibiera a contratistas del Estado realizar aportes a campañas políticas, por lo que estos asuntos deberían analizarse en el ámbito electoral y no penal.

Los abogados insistieron en que, en varios casos, no se ha demostrado la existencia de un delito precedente ni vínculos directos con actos de corrupción, lo que podría llevar a nulidades o a la eventual caída de algunas acusaciones. “Hay muchos elementos sobre la mesa que obligan a pensar si este caso puede sostenerse tal como está planteado”, señalaron.

La entrevista dejó claro que la audiencia actual, a la que ambos calificaron como “la séptima”, podría marcar un punto de inflexión en un proceso que ya suma más de una década y que sigue generando un intenso debate jurídico, político y social en Panamá.