La protesta social sería un crimen

PANAMÁ. Es considerada una norma exagerada y algo muy negativo para la gobernabilidad de un país. En medio de todo esto existe un fuerte olor a veto presidencial.

En sesión maratónica se aprobó el pasado jueves en segundo debate en la Asamblea Nacional.

La agenda de trabajo de la Asamblea Nacional registra -según la página electrónica de este órgano del Estado- que el proyecto será discutido en tercer debate este mismo lunes 12 de abril.

Para Eladio Fernández, uno de los viejos actores de las luchas sociales en las calles, la solo mención del tema es “una estupidez” que solo se le ocurre a “gente estúpida” que preferiría vivir en Cuba o en Venezuela.

Meter a la cárcel por 24 meses a quienes protagonicen cierre de calles violentos que propicien la destrucción de la propiedad privada pública o privada no es cualquier cosa.

Hay quienes piensan que la norma -de aprobarse- permitiría a las autoridades, de cualquier gobierno, a encarcelar injustamente a sus eventuales adversarios políticos o sociales.

El rector de la Universidad de Panamá, por ejemplo, cree que las normas administrativas vigentes son las adecuadas. Endurecerlas, a su entender, no resuelven nada.

García de Paredes está convencido de que las protestas ciudadanas no deben llegar a la violencia ni a la lesión de bienes, derechos e intereses de tercero. “La gente rechaza este tipo de cosas”.

El sabe por qué lo dice. La Universidad de Panamá a lo largo de las últimas décadas registra incontables ejemplos de violentos enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas del orden público.

Lo propuesto en la Asamblea Nacional por los diputados Marcos González y Agustín Selhorn -que muchos entienden como “un camarón legislativo”- para “el rector magnífico” es una exageración.

Fernández por su cuenta se pregunta ¿Qué ocurriría con los estudiantes del Instituto Nacional cuando salgan a protestar? ¿Los meterán presos por dos años?

Maribel Jaén, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en declaraciones que recoge Panorama Católico en su última edición califica de muy negativo para la gobernalidad de un país que la protesta social pueda ser criminalizada.

A juicio de especialistas consultados por La Estrella , la norma no es nueva y es una iniciativa que proponen los gobiernos con el espíritu de debilitar o desorganizar las manifestaciones de la población por reclamos sociales.

En este punto, Héctor Ávila el fogoso dirigente del barrio de El Chorrillo -quien recuerda que ha sido apresado en varias oportunidades por “trancar calles”- dice no entender la iniciativa de Selhorn y González.

Sostiene que ni en tiempos de dictadura militar en Panamá a nadie se le ocurrió una ley como esta. Se pregunta qué ocurriría con las personas que residen en áreas dónde los problemas de inseguridad, falta de agua potable y el mal estado de las calles marcan la norma. ¿Se les apresará por recordarle a las autoridades sus estados de indefensión? “En este país deberían atender otros problemas como que un menor de 12 años asesine y, por razones de la edad, no sea responsabilizado por su crimen”, concluyó.