28 de Oct de 2021

Nacional

“Esta Ley no se podrá aplicar”, Blandón

Sancionar la Ley 110 que, entre otras cosas, aplica penas de 6 meses a 2 años de cárcel conmutables a los que cierre calles y p...

Sancionar la Ley 110 que, entre otras cosas, aplica penas de 6 meses a 2 años de cárcel conmutables a los que cierre calles y produzcan daños es un grave error, pues en Panamá ya contamos con leyes que castigan este tipo de actos, lo que ocurre es que no se aplican porque las administraciones las crean sin pensar en su viabilidad o en cómo podrán ser llevadas a la práctica. Esta es la posición del analista político José Isabel Blandón, quien añadió que activar esta Ley no tiene ningún sentido y no traerá más que cosas negativas.

“La ley no traerá beneficio alguno. Este es un país pacífico, por qué alterar las reglas si no hace falta”, y es que aunque la mayoría de las personas están en contra del cierre de calles porque la mayoría de la gente está en la calle haciendo diligencias, existen las normas vigentes para sancionar a los que incurran en estas faltas".

“Ahora mismo, cuando se sancione la Ley y la gente cierre la calle por falta de agua o lo hagan los jubilados, ¿los van a llevar presos?, si ni siquiera hay donde meterlos", expresó.

Más grave aún fue la observación que concluye de un comunicado emitido por el Colegio de Abogados y firmado por el jurista Rogelio Cruz, en el sentido de que la Ley podría ser demandada por inconstitucional, ya que los artículos 159 y 194 de nuestra Constitución Política expresan que este tipo de propuestas que se llevan a cabo para leyes orgánicas tienen que ser presentadas por comisiones permanentes de la Asamblea y no por un diputado de la misma.

El movimiento de abogados, dijo Blandón en Choque de Opinones, espera que la Asamblea de Diputados trabaje en los derechos fundamentales para que los habitantes disfruten del libre tránsito y de la protesta pública.

Blandón concluyó diciendo que existen en Panamá legislaciones que restringen el uso de la fuerza en las manifestaciones públicas, por lo que no ve razón en sancionar la llamada “Ley tres en uno”.