Oficialistas rechazan restitución del récord policivo

El diputado oficialista Hugo Moreno rechazó la posición de la mayoría de su bancada de restablecer el récord policivo, ya que, a su juicio representa un obstáculo para aquellos que optan por un empleo.

Moreno señaló que este proyecto, el cual también cuenta con el refrendo del Órgano Ejecutivo, en vez de brindar la oportunidad a un grupo de panameños de lograr insertarse a la sociedad, prácticamente aniquila sus deseos.

El diputado lamentó que una manchita en la hoja de vida vaya a interferir en ese objetivo. “Pienso que todo ser humano necesita una oportunidad, el récord policivo representa un desmérito a las oportunidades que se les debe brindar a todo individuo y si Dios perdonó porque no nosotros”, opinó.

Moreno citó como ejemplo a un diputado de San Miguelito, quien dijo que a pesar de su mal paso pudo redimirse hasta ocupar hoy en día una posición de élite en el plano político, y lo calificó como un modelo de a imitar.

NO SE ATENTA CONTRA LOS DERECHOS

En tanto, su colega de la facción oficialista Jorge Alberto Rosas negó que el proyecto de ley que restituye el récord policivo atente contra los derechos humanos, pues en el debate de la iniciativa se incorporaron modificaciones para balancear el interés de la sociedad en considerar este elemento al momento de contratar, así como los derechos constitucionales de privacidad del individuo que aplica para un trabajo.

El director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), comisionado Javier Carrillo, consideró que restituir este documento será, en parte, un factor para minimizar el incremento de la delincuencia porque se le dará el derecho al empleador de conocer a quién está contratando.

Según Carrillo, este requisito igualmente servirá de estímulo a las personas para que eviten problemas con la justicia a fin de acceder con mayor seguridad a un puesto de trabajo.

El trabajo es un derecho constitucional. Cierto segmento de la población, que rechaza la moción, hizo énfasis en que el artículo 64 de la Constitución Política panameña establece que el trabajo es un derecho y un deber del individuo y, por lo tanto, es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa.