No técnicos toman decisiones técnicas

PANAMÁ. El gobierno lo tiene claro y, al parecer, actúa en consecuencia. Para cumplir la promesa de campaña de Ricardo Martinelli de mejorar las cosas en la Caja de Seguro Social (CSS) —una institución con un patrimonio de más de 2,200 millones de dólares y que atiende a más de dos millones de panameños— la primera tarea que se impone es poner la casa en orden y aplicar una estrategia que permita altos niveles de eficiencia, palabra que en este caso suena hueca si miramos los resultados de la institución en los últimos 40 años.

Si alguien tiene claro el tamaño del reto que impone la CSS es justamente el jefe de gobierno panameño, quien vio frustrado su intento de organizarla cuando en la gestión de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) fungió como director del Seguro Social por poco menos de dos años. Por esos días quiso imponer correctivos en la forma como operaban los médicos al servicio de la institución y cambios en los procesos de atención y entrega de medicamentos. El hoy presidente de la República —por el costo político que implicaban los cambios— no contó con el respaldo del Palacio de las Garzas y su salida de la institución se hizo por la puerta de la cocina.

La Caja de Seguro Social, a pesar de los millonarios recursos que maneja se ha convertido en una de las entidades con peor imagen ante los panameños, que han tenido que soportar durante años la mala atención y la baja calidad de los servicios que allí se prestan. Prueba de ello son los 11,750 pacientes que esperan una intervención quirúrgica y las 9,200 mujeres que están en lista de espera para que se les realice una mamografía.

Para hacerle frente a esta caótica situación, Martinelli designó al ingeniero de sistemas Guillermo Sáez Llorens, con una exitosa carrera previa en el sector privado, como director de los destinos de la Caja. Al asumir el control el año pasado, Sáez Llorens anunció su intención de cambiar la anquilosada estructura de la Caja.

Para ello, se rodeó de profesionales eficientes con poca o ninguna experiencia previa en el sector público, cuya primera tarea fue hacer una radiografía de la situación de la Caja, donde detectaron fallas garrafales como cinco bases de datos diferentes que no han sido actualizadas en los últimos 60 años, el manejo del inventario de medicamentos mediante el anticuado sistema de kárdex, equipos obsoletos o con inadecuado mantenimiento, una infraestructura física insuficiente, caos en los procesos particularmente en el otorgamiento de citas, cuartos de emergencia abarrotados de pacientes que deberían ir a consulta regular, empleados ineficientes e inamovibles, y un mecanismo de toma decisiones que convierte la Caja en una institución paquidérmica y prácticamente imposible de poner en movimiento.

Uno de los principales obstáculos que ha denunciado la actual administración es el complejo proceso de toma de decisiones. Por su junta de 23 miembros —11 principales y 12 suplentes provenientes de una gran variedad de sectores— deben pasar casi toda las decisiones de la Caja, por insignificantes que sean.

En ella confluyen representantes de trabajadores, empresarios y del gobierno con criterios, intereses y lecturas tan disímiles que no son pocas las ocasiones en que un tema de poca relevancia se convierte en objeto de un debate de varias horas.

Los mecanismos establecidos para la remuneración de los miembros los motivan además a multiplicar las horas de discusión. Los honorarios por junta son de 100 dólares y pueden llegar a un máximo de 1,200 mensuales, razón por la cual muchos de sus miembros buscan tener las 12 sesiones al mes, es decir, tres sesiones semanales. Los suplentes tienen derecho a voz y, aunque no reciben honorarios sino cuando suplen a su principal, si intervienen tienen derecho a reconocimiento de viáticos por transporte, lo cual los anima a participar así no tengan mucho que decir.

El líder sindical Guillermo Puga es el presidente de este ente. El representante de los jubilados Rafael Medina, su vicepresidente. Puga tiene tres períodos ininterrumpidos en la Junta Directiva. Medina le sigue con dos. Los obreros están representados por Griselda Valencia; Héctor Ortega, Manuel Aizpurúa y Manuel Pinzón, representan a los empleadores; José Alba a los empleados públicos; Manuel Tajú a los trabajadores del comercio, y la enfermera Esmeralda Buchanan a los trabajadores de la salud. Los períodos de representatividad son de 5 años.

Entre los suplentes están: Isidro González y Raúl Martínez, por los obreros; Lastenia Canto por los jubilados; Eduardo Pazmiño, Rolando González y Ricardo Amado, por los empleadores; Carlos Baltazar por los servidores públicos; Erick Bonilla de los empleados del comercio; el médico y ex subdirector de la Caja, Rafael Reyes y Amanda Blanco en representación de los trabajadores de la salud y finalmente, los médicos Félix Bonilla y Franklin Vergara (ministro) por el MINSA.

Una muestra clara de la falta de decisión en la Junta es que uno de sus miembros, el radiodifusor coclesano Manuel Pinzón, puso el cargo a disposición de su gremio hace unos meses por considerar que el tiempo que lleva en la Junta es “suficiente”. Sin embargo, en todos estos meses no se ha deliberado sobre su renuncia.

Y es que ser miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social tiene sus beneficios.

Cifras no oficiales revelan que entre viáticos y dietas pagadas suman, más o menos, un millón de dólares gastados entre el 27 de diciembre de 2005 al 4 de marzo pasado. Una consulta en este sentido realizada al director general, Guillermo Sáez Llorens, por la Asociación de Jubilados, Pensionados y Afines Independientes no fue respondida “adecuadamente”, según denunció el dirigente Eladio Fernández.