La controversia alrededor del fallo

PANAMÁ. El presidente Ricardo Martinelli evitó ayer comentar sobre este caso. Hábilmente se alejó de un tema altamente polémico en un momento en que goza de alta valoración y respaldo de la población a su trabajo.

La decisión de la Sala III de lo Contencioso Administrativo inicia un amplio debate sobre la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos.

Los reclamos del hijo de la infortunada Rosa Rodríguez Vargas, una de los 18 pasajeros que murieron calcinados en la tragedia del 8B-06, fueron rechazados por la CSJ de manera tajante.

Este hecho, que no crea jurisprudencia alguna, en la opinión de juristas consultados por La Estrella , si alerta a los demás demandantes sobre el futuro de sus reclamaciones. En resumen, existen otros 13 recursos en los tribunales en relación a este caso.

Un bueno ejemplo lo patentiza el abogado Luis Antonio Vásquez. Representa a David Ramírez, el dirigente del Movimiento 23 de Octubre, en un proceso similar. Ramírez ese día perdió un hijo.

Vásquez considera que la lectura del fallo —con la ponencia del magistrado Alejandro Moncada Luna y al que considera “raquítico”— se aparta de la realidad de los hechos acreditados en el expediente. El fallo habla de la ausencia de responsabilidad civil por parte del Estado, cuando los recursos presentados por los reclamantes hablan de responsabilidad administrativa, porque funcionarios al servicio de la estatal Autoridad del Tránsito incumplieron su deber al no supervisar las condiciones en que estos vehículos prestan un servicio público. “Los prestatarios del servicio de transporte público de pasajeros lo hacen por delegación y no por concesión, por lo que debe subsistir responsabilidad estatal, porque se trata de un servicio público”, advierte.

Por otro lado, en el análisis de Alejandro Pérez, un abogado que ocupó el cargo de viceministro de Gobierno y Justicia en la administración de Mireya Moscoso, el Estado sí es responsable en este caso.

No obstante, considera que hubo falla en la estrategia legal utilizada por los abogados del deudo de Rosa Rodríguez Vargas al “responsabilizar” a mucha gente por esta tragedia (distribuidores del bus, al banco, a los dueños, etc.), y diluyó todos los esfuerzos jurídicos que se debieron concentrar únicamente hacia el Estado. “Aquí había que demandar al Estado y únicamente al Estado”, sentenció.

En este escenario entra la lectura del diputado oficialista Marcos González, presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea y dirigente tranportista: “Pienso que se debió investigar a la empresa que dio el revisado de ese bus. Además, me parece un poco extraño que un magistrado que acaba de entrar a la Corte con un caso tan complicado, haya dictaminado un fallo en tan breve tiempo sin profundizar en un tema tan complejo”.