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29 de May de 2020

Nacional

No se puede legalizar la violencia policial

La Ley 30 que será nuevamente adversada mañana en las calles de Panamá, tiene a juicio del penalista Héctor Zavala problemas técnicos en...

La Ley 30 que será nuevamente adversada mañana en las calles de Panamá, tiene a juicio del penalista Héctor Zavala problemas técnicos en su redacción, pues se trata de una Ley ordinaria que ha afectado códigos y leyes orgánicas del país. El mecanismo de elaboración y aprobación también violentó la ley, arguyó Zavala, quien aseguró que no se puede legalizar la violencia policial.

Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en estricto derecho revisara la Ley no tendría más remedio que declararla ilegal, “pero esto lo hará después de cuatro años, cuando ya no esté Martinelli”.

Lo que ningún pueblo soporta ni acepta, añadió Zavala, es el abuso policial; la detención preventiva es un acto discrecional o subjetivo del Ministerio Público (MP), no es una obligación, y mucho menos un poder que pueda ponerse en manos de los agentes policiales, que podrían indicar que hubo abuso a la autoridad por parte de ciudadanos indefensos. Los policías deben tener control sobre la delincuencia del país, pero de manera profesional, puntualizó.

“Hacer legal la detención preventiva es una estupidez técnica”, criticó el abogado, que además puso en duda la capacidad de los abogados que intervinieron en la elaboración de la Ley, porque había maneras legales de concederle una mayor coraza jurídica a la fuerza policial.

Yo conozco cómo se manejan los expedientes ahora y en el pasado para justificar la violencia policial... nadie me puede meter cuentos porque tengo muchos años ligando”, por eso dijo sentirse preocupado por lo que pueda ocurrir cuando un policía sienta que tiene la discrecionalidad para hacer lo que él considere oportuno y arremeta en contra de los derechos ciudadanos.

En ninguna sociedad moderna democrática se puede aceptar una Ley como ésta, la cual “legaliza el exceso de violencia del policía contra el ciudadano”, porque si vivimos en un Estado de derecho, tenemos la obligación de exigir que se respeten esos derechos.

“No era necesario darle en forma abierta impunidad para que actúen subjetivamente”, repitió Zavala, pues las unidades policiales podrían tomar decisiones que afecten los derechos de muchos ciudadanos.