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14 de Apr de 2021

Nacional

Panamá podría ser un ‘Estado de cárcel’

El país podría convertirse en un ‘Estado de cárcel, represor o represivo’, si el gobierno no cuenta con la colaboración ciudadana.

El país podría convertirse en un ‘Estado de cárcel, represor o represivo’, si el gobierno no cuenta con la colaboración ciudadana.

Así lo manifestó monseñor José Luis Lacunza, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), tras divulgar ayer la Carta Pastoral denominada La Seguridad e Integridad de la Vida Humana.

El prelado de origen español rememoró su llegada a Panamá —hace 40 años—, cuando se admiró de como las casas y patios eran abiertos. Lacunza lamentó que ‘hoy nuestras casas se han convertido en cárceles. ¡Barrotes por todas partes!’.

El también obispo de la Diócesis de David sacudió su mano, pero esta vez no fue para dar la bendición ni para persignarse, sino para dar dos fuertes golpes a la mesa que le servía como podio. Su tono de voz subió al ritmo de las palmadas al tiempo que se preguntaba cómo es posible que en una sociedad mayoritariamente cristiana nos dejemos atrapar por la violencia y arrebatar nuestros valores cívicos y morales. ‘¿Dónde está nuestro cristianismo?’, cuestionó.

A la izquierda de Lacunza se encontraba el presbítero Edgar Flores, secretario adjunto de la CEP; a la derecha, Maribel Jaén, de la Comisión Justicia y Paz.

Jaén destacó los puntos más importantes de la misiva episcopal, entre los que se encuentran la desigualdad y exclusión social como una ‘fuente de violencia’.

La carta también condena el alto consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas; el trasiego de armas; democracia frágil, crisis de institucionalidad, individualización del tejido social y el relativismo que no permite diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto.

Los jerarcas de la Iglesia señalaron al egoísmo como la raíz de la violencia y además apuntaron que ‘no se debe criminalizar la protesta social’, esto último a pesar de que el documento fue elaborado, discutido y firmado antes de la crisis que se desató en Changuinola, a raíz de la Ley 30.