Transcaribe Trading, una constructora con suerte

PANAMÁ. El arte de hacer lobby o cabildeo es ni más ni menos que defender los intereses propios —o del cliente de turno— ante los órganos de decisión política; no importa si se trata de un tratado de libre comercio entre naciones, de acuerdos comerciales entre los estados y particulares, o de hacer presión a favor de intereses religiosos, ambientales o sociales.

En Panamá, hubo un tiempo en el que se denunció que una figura, allegada a los más altos personeros de uno de los principales órganos del Estado, ‘vendía’ sus servicios para lograr decisiones —inapelables y de estricto cumplimiento— en favor de determinados intereses o al mejor postor. Por esos días, y como ya se hecho costumbre, se prometió una investigación prolija y la caída de todo el peso de la ley sobre los involucrados, y no se conoce (por lo menos de manera pública) que alguien haya ido a parar a la cárcel por estas irregularidades.

Desconocemos si lo anterior guarde relación con la suerte en los últimos años de la constructora Transcaribe Trading, S.A. (TCT). Lo que sí es cierto es que esta empresa (creada en 1999 por dos jóvenes y prometedores hermanos, David y Daniel Ochi) ha corrido con mucha suerte en el último quinquenio para lograr contratos con el Estado en la ejecución de millonarios proyectos públicos, sin contar con una estructura visible que la ubique a la par de aquellos grandes y conocidos consorcios de nuestra industria de la construcción.

Solo basta acercarse a la sede principal de TCT, ubicada en la convulsionada Vía España, diagonal a la clínica San Fernando, para darse cuenta que, en este caso, el tamaño no es lo que cuenta. Un letrero en una puerta de la planta superior de un modesto centro comercial es todo lo que identifica a este gran grupo que ha manejado en las últimas dos administraciones $US224,4 millones, entre adjudicaciones y contrataciones directas. (ver recuadro y fotografía principal).

Fuentes ligadas a esta industria adelantan que las ganancias netas en la mayoría de estos proyectos, conservadoramente hablando, se estiman en el 10% de los contratos por obras entregadas a satisfacción. Esto ubica a TCT dentro del ‘paquete’ de constructoras con ganancias de más de ocho dígitos en los últimos años.

En su portal de internet, Transcaribe Trading, S.A. muestra con orgullo su portafolio de obras ejecutadas desde el 2001 a la fecha. Casi todas contratadas por entidades del Estado. También dice —para referirse a su recurso tecnológico y operativo— que cuenta con cantera propia y una planta de asfalto. No revela la existencia de equipo propio para la ejecución de los proyectos.

Como en situaciones anteriores, gente que estuvo y que se encuentra ligada al Ministerio de Obras Públicas, solo tiene palabras de elogio y reconocimiento a la trayectoria, profesionalismo y seriedad, cuando se menciona el nombre de Transcaribe Trading.

Benjamín Colamarco, ex ministro de Obras Públicas en el último tramo de la administración Torrijos (2004-2009), evalúa como ‘buena’ su experiencia de trabajo con TCT, a la que define como una empresa con gran capacidad ‘técnica y operativa’ para desarrollar proyectos, sobre todo en condiciones de emergencia.

Lo que Colamarco no atina a explicar es por qué, el 20 de agosto de 2008, la administración Torrijos recibió inconclusos los trabajos del nuevo alcantarillado de la ciudad de Colón por parte de TCT, lo que luego se tradujo en un problema de inundaciones en esta ciudad Dichos trabajos se facturaron por $US12,8 millones y la empresa —según las versiones encontradas en archivo— no se hizo responsable de las reparaciones, destacando que cumplieron con lo estipulado en el contrato.

También en el mes de agosto, esta vez del año 2009, la polémica auditoría externa, que firmó la sentencia de muerte del desaparecido Fondo de Inversión Social, realizada por la Consultora López y que contrató el actual regente de esta entidad, Giacomo Tamburelli, ubicaba a TCT en la ‘lista negra’ por supuestos incumplimientos de contratos con esta institución de ejecución pública.

Enrique Montenegro Diviazzo, del no oficial Frente Nacional Anticorrupción, resiente que el actual gobierno no haya frenado el tráfico de influencias. ‘Es un problema que persiste’, dice. ‘Pareciera que esa empresa tiene magia, porque igual suerte corrió con Colamarco’, apostilla.

Al parecer este caso no inquieta al secretario Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega.

Está convencido que es casi imposible penalizar este tipo de situaciones.