Temas Especiales

14 de May de 2021

Nacional

Méndez en lío por feria Compita

PANAMÁ. El diputado oficialista Gabriel Méndez fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto delito contra la honradez d...

PANAMÁ. El diputado oficialista Gabriel Méndez fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto delito contra la honradez del sufragio.

La acción, interpuesta por el abogado Modesto Cerrud, el martes pasado, se basa en una publicación de El Siglo, en la que se avisa de que el diputado incurrió en un posible delito electoral al realizar una jornada de inscripción de su partido, el oficialista Cambio Democrático (CD), en una feria ‘Compita Jumbo’ en el parque Heliodoro Patiño en el corregimiento de Juan Díaz, el 20 de marzo de este año.

Eso, según apunta Cerrud en su denuncia, viola el artículo 32 del Código Electoral, el cual establece que ‘los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo’.

El documento agrega que además de Méndez, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Emilio Kieswetter; su asesora, Lineth Carranza; el director de las Jumbo Ferias, Javier Tejeira; y la directora del IMA, Delia García, instalaron las mesas de inscripción en Juan Díaz.

FUNCIONARIOS RIPOSTAN

Sin embargo, Méndez rechazó las acusaciones. Según dijo, se trata de una ‘campaña orquestada por ex copartidarios del PRD’.

En todo caso —agregó— el Tribunal Electoral también tendría que responder, ya que en la actividad ‘habían cinco supervisores’ de esa entidad.

El ministro Kieswetter, por su lado, expuso que hay un ‘malentendido en la situación’, ya que, según reportes que le hizo la directiva de la feria, las mesas de inscripción del diputado estaban en un local ‘aparte’ del parque.

‘Yo no vine a hacer política, sino un trabajo técnico’, enfatizó Kieswetter.

De ser encontrado culpable, Méndez podría ser sancionado con seis meses a tres años de prisión y la suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones por uno a tres años.