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16 de May de 2021

Nacional

¿Quién compone el sistema penitenciario?

PANAMÁ. El calendario señala el día 4 de abril de 2011. El reloj marca las 11 y 45 a.m. y en la Dirección General del Sistema Penitencia...

PANAMÁ. El calendario señala el día 4 de abril de 2011. El reloj marca las 11 y 45 a.m. y en la Dirección General del Sistema Penitenciario el abogado Humberto Rosales Varela espera la respuesta a la solicitud especial de traslado con carácter urgente que entabló el 6 de enero pidiendo que sus clientes: Jaime Pérez, herido en un pulmón tras la reyerta del viernes 1 de abril que dejó un muerto y 19 heridos en La Joyita; y Leonidas Campos, que permanece en el pabellón 10-4, fueran transferidos al Centro Penitenciario de Penonomé. Las familias, que viajaron a las cuatro de la mañana, esperan desde las ocho en Corrección para exigir el cumplimiento de su petición, en pro de los derechos de seguridad, rehabilitación y defensa social de sus parientes, trasladados desde el Centro Penitenciario de Chitré el 2 de noviembre de 2010. A las 12 del mediodía, después de 4 horas, una secretaria sale de la oficina para informar que el expediente no se encontró y debido al cambio de director tienen que entablar una nueva petición para iniciar los trámites. Las familias deciden no abandonar el recinto hasta obtener alguna respuesta del director encargado del Sistema Penitenciario: Armando Aizprúa.

Mientras tanto, la señora Digna Isabel Rodríguez de Fernández se pregunta por las consecuencias de su denuncia contra la Administración Pública, realizada el 28 de febrero a las 9:15 a.m. en el Centro de Recepción de Denuncias de la Procuraduría General de la Nación. Su hijo, Didio Ureña, que ha pagado 6 años de una condena de 9, estudió y trabajó en este período, hace 2 meses fue trasladado a La Joya, pero requiere un tratamiento y condiciones especiales que ese centro penitenciario no brinda. Ella pidió un depósito domiciliario para subsanar su situación, un traslado a El Renacer o a la cárcel de La Chorrera y obtuvo como respuesta la solicitud de 2,000 dólares en efectivo para obtener ese beneficio: ‘Cuando el licenciado me pidió ese dinero estábamos solos en su despacho. Jamás le he entregado plata a ese señor, dije que regresaría pero a mí me dan miedo estas situaciones porque está en peligro la vida de mi hijo encerrado en ese centro carcelario, temo que algo le pase. No sé con quién estoy tratando’.

El reloj marca las 4 de la tarde y las dos familias que esperan en las instalaciones del Sistema Penitenciario aún no obtienen respuestas.

Mientras Panamá se sacude ante la reyerta y los titulares hablan del alto grado de corrupción, los teléfonos de las oficinas de Relaciones Públicas suenan ocupados, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, acusa a su colega de Gobierno, Roxana Méndez, quien señala como causa principal la corrupción policial y habla de las nuevas medidas de seguridad en las prisiones, que se enfocan en la privatización del Sistema Penitenciario. Los parientes de los detenidos viven su propia odisea: ‘¿Qué medidas de seguridad le van a dar a mi esposo en La Joyita cuando vuelva con un pulmón perforado, si para obtener un beneficio tengo que pagar, tener un contacto? Si algo le sucede acuso directamente al Sistema Penitenciario’.

Según la ley panameña, cumpliendo las dos terceras partes de la pena un detenido puede acceder a la libertad o recibir alguna medida cautelar. Margarita sabe que su hijo debería tener este beneficio. Jaime y Leonidas han cumplido 35 meses de los 48 que dictaba la sentencia. Su proceso se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia, pero la familia aún espera la respuesta a la solicitud de traslado realizada el 6 de enero y extraviada en el Sistema Penitenciario.

Sus casos no son los únicos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, más de un 64% de los internos permanecen detenidos sin ser procesados porque en el sistema de administración de justicia penal, la administración preventiva se convierte en una medida usada con mucha frecuencia que ocasiona el hacinamiento y promiscuidad penitenciaria.

El último episodio carcelario refleja las vicisitudes de un sistema, que aunque propone un nuevo modelo de gestión: infraestructuras dignas y seguras, rehabilitación con oferta de programas de educación, capacitación, trabajo comunitario, desarrollo social y espiritual, recurso humano calificado y comprometido con la seguridad, sigue presentando conflictos estructurales de corrupción que sobrepasan el objetivo de readaptación social.

El 6 de abril, la señora Digna tuvo audiencia a las 11 de la mañana en la Fiscalía Auxiliar. Aún teme por los alcances de su denuncia. El director encargado Aizprúa desconoce el hecho.

A las 5:00 p.m., la familia de Jaime Pérez espera de nuevo en el lobby del Sistema Penitenciario. Su esposa es llamada a las 5:15 a la oficina de Aizprúa, que responde a su solicitud: ‘Ese caso se va a estudiar, si el traslado está dentro de los parámetros legales o por razones de seguridad, ¿por qué un privado de libertad tiene que estar en Panamá cuando es de Chitré? Me llama la atención esa situación. Pero usted debe entender que estamos hablando de una población penal enorme y muchos procedimientos. Puede tratarse de un error sin mala fe’.

A las 6 de la tarde, Aizprúa se entera de la denuncia interpuesta con su nombre en el renglón de acusado. Asombrado responde: ‘Es una treta en mi contra. Si observa el sello de recibido, esa denuncia fue entregada en la Dirección General del Sistema Penitenciario dos horas después de interpuesta. ¿Por qué nunca se me comunicó?’.