Alerta: los gringos sospechan

Que los extranjeros entren a Panamá con permisos de turistas y luego cambien su estatus no es un problema. Tampoco que permanezcan ilegales en el país. Pero cuando desde Migración no se realiza el trabajo de investigar a quién se le concede una visa especial –¿quién pagaría una coima por algo que legalmente podría conseguir?- sí hay un problema. Estados Unidos mira con atención. Intuyen que muchos de los inmigrantes irregulares utilizan el istmo como puente para ingresar a los Estados Unidos. Eso fue justamente lo que le pasó al ex presidente Ernesto Pérez Balladares con la venta de visas a ciudadanos chinos. Por este suceso, se le retiró la visa de ingreso a los EEUU a varios altos funcionarios panameños, entre éstos, al propio ex presidente Ernesto Pérez Balladares y al ex jefe del Consejo de Seguridad, Gabriel Castro.

La alarma la dio el diario Miami Herald, con sendos reportajes que develaron el trasiego de orientales quienes pagando unos 15 mil dólares, utilizaban Panamá como puerta de entrada al continente, para luego continuar por tierra su peregrinaje hasta ingresar de forma irregular a los Estados Unidos.

De acuerdo a Glenn Garvin del Miami Herald, la investigación también provocó ‘una áspera disputa entre el Departamento de Justicia y Simón Ferro, el embajador norteamericano en Panamá. Irritados funcionarios del Departamento de Justicia acusaron a Ferro de haber revelado el secreto de la investigación al cancelar la visa del jefe de la inteligencia panameña’.

Ante las autoridades norteamericanas, Samantha Smith, la última directora del Consejo de Seguridad en dicha administración, se defendió probando que las visas aprobadas bajo su breve gestión, fueron autorizadas a pedido expreso del Presidente de la República. En ese momento, la respuesta oficial fue que la expedición de visas es una potestad soberana de competencia exclusiva de cada gobierno y no era responsabilidad del Estado panameño el destino final de los chinos.

El origen de este ‘castigo’, más social que de oficio, dice el periodista Richard Koster (autor del ensayo Tiempos de Tiranos), tuvo lugar en 1993 y el primer escarmentado fue Antonio Domínguez. ‘Sugerí al senador John Kerry, que era presidente de la sub-comisión de narcóticos y terrorismo, a que se fortaleciera la legislación y con la llegada del presidente Bush se pasó una ley’, explicó. La norma cosiste en retirar o negar el permiso de acceso a los EEUU a aquella ‘gente que molesta, pero a la que no se le pueden probar crímenes’. Específicamente en el caso de Pérez Balladares y Gabriel Castro – dijo Koster- no se trababa de ciudadanos chinos regulares o campesinos, como suelen emigrar y establecerse en Panamá, sino de personal militar del ejército chino que utilizaba el istmo solo como puerta de entrada al continente.