19 de Oct de 2021

Nacional

Documentación de magistrado designado llega a la Asamblea Nacional

¡Por fin! La Asamblea Nacional confirmó la entrega de todos los documentos del fiscal de Cuentas, Harry Alberto Díaz González De Mendoza...

¡Por fin! La Asamblea Nacional confirmó la entrega de todos los documentos del fiscal de Cuentas, Harry Alberto Díaz González De Mendoza, designado como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el Consejo de Gabinete.

El secretario general del Legislativo, Wigberto Quintero, confirmó este miércoles el recibo de los documentos faltantes para que la Comisión de Credenciales continúe con el proceso.

La última semana del mes de abril, finalizando el período ordinario de sesiones, los medios de comunicación habían estado especulando sobre la llegada al Palacio Legislativo de la Resolución de nombramiento de Díaz.

El propio presidente Ricardo Martinelli había dicho que se había remitido la información incluso ante las insistentes preguntas respondió: "Ah yo no sé, yo no preparo los papeles".

Sin embargo, Quintero explicó que ahora corresponderá al Ejecutivo realizar la convocatoria o el llamado a sesiones extraordinarias a mediados de mes en curso, y de no ser así, se tendrá que esperar hasta el primero de julio próximo, cuando la Asamblea Nacional reanuda el período de sesiones ordinarias para continuar con el proceso.

El Consejo de Gabinete, en sesión extraordinaria, el pasado miércoles 20 de abril aprobó de forma unánime el nombramiento y la Resolución fue firmada por los ministros de Estado.

Inesperadamente, Díaz se reunió en el despacho el pasado 26 de abril con el presidente de la Asamblea, José Muñoz, pero a su salida optó por la puerta trasera y no atender a los periodistas que lograron verlo.

Aunque el Gobierno defiende su designación y dice que el cargo de Viceministro Encargado no es parte del Ejecutivo, la sociedad civil insiste que Díaz está imposibilitado para ocupar el cargo de magistrado por incumplir el artículo 203 numeral 2 de la Constitución Política que señala que no podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien haya ejercido cargo de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso.