Pele Police debe contar con una regulación legal: Cedeño

El abogado Ernesto Cedeño consideró que el "Pele Police" es una especie de celular que debe contar con una regulación legal y no reglamentaria para su buen uso.

Entre las sustentaciones jurídicas, están que los funcionarios solo pueden hacer lo que el derecho dispone (Principio de Estricta Legalidad, establecido en la Constitución en sus artículos 17 y 18).

El experto, que tiene entre sus especialidades Contrataciones Públicas y Derecho Administrativo, alega que el Pele Police contiene la data provista por un banco de datos, al equipo trasladado, sin que ninguno de los particulares propietarios de la información, hayan consentido esto, ni mucho menos, hay una ley formal que lo permita.

En ese punto, invoca el artículo 42 de la Constitución que señala que toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Cedeño agrega que no existe escrito, el lugar exacto, en donde las personas puedan acceder a la base de datos del Pele Police para verificar si la información actualizada en el aparato está actualizada.

Asimismo, aporta otra razón para regular legalmente el aparato, porque en algunos casos ha limitado el libre tránsito, de manera obstinada en pretermisión de lo que dice el artículo 27 de la Carta Magna.

El juez Felipe Fuentes López, del Juzgado Séptimo de Circuito Penal, emitido el 13 de octubre de 2011, en su sentencia absolutiva a Elbis Ponce Morales, que el 28 de diciembre de 2010 se negó a su aplicación del Pele Police en una revisión en la Terminal de Albrook, declara ilegal el Pele Police debido a que no existe una Ley de la República o reglamentación que permita su aplicación a todos los ciudadanos.

No obstante, el viernes 21 de octubre, la Policía Nacional, en un comunicado, dijo que el análisis jurisdiccional del Juzgado Séptimo de Circuito Penal sobre el Pele Police "no es de aplicación general" y "no se declara ilegal la utilización de una herramienta tecnológica cónsona con la función policial".