Pacientes apoyan paro indefinido

PANAMÁ.. ‘Nosotros en 15 años de existencia nunca hemos apoyado ninguna huelga médica, pero esta vez es diferente’, dice Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares (Profasa).

‘Esta ley 349 -que crea la Asociación Público Privada APP-, que hemos estudiando a profundidad, es lesiva y atenta contra la seguridad el pueblo en general, donde la peor parte la cargarán los de menos recursos económicos’, sostiene Barés.

El dirigente considera que el Gobierno se ha quedado sin recursos y necesita dinero para cumplir con todos los compromisos financieros en los que se ha metido. ‘Ya estamos endeudados hasta las siguientes generaciones, pero esta ley es una falta de respeto a los panameños pensantes’.

‘Si la Asamblea de Diputados no resuelve este proyecto en la sesión de hoy, esto se extenderá hasta el 2 de enero, en ese lapso recomendamos a los grupos en huelga que suspendamos y renudar accciones cuando inician las sesiones ordinarias’, insta Barés. Lo anterior si no se baja el proyecto de ley a primer debate hoy, cuando clausura el periodo.

Este viernes, la Sociedad Panameña de Medicina General, tras sostener un congreso de delegados, acordó respaldar la huelga el proyecto permite una relajación en los deberes y obligaciones del Estado y abre las puertas para que los servicios básicos estén a merced del capital y no a favor de las grandes mayorías.

Esta asociación cuestiona a la Asamblea, que pese al rechazo general por parte de todos los sectores del país, insiste en no devolver al primer debate o eliminarlo completamente.

Al tiempo que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social ha anunciado descuentos de los días de huelga, Julissa Rodríguez, dirigente de los especialistas que iniciaron el paro el sábado 24 de octubre, invitó a toda la población a caminar vestidos de blanco en rechazo de la ley.

Julio Osorio, presidente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) exhortó a todos los panameños a la marcha en contra de la privatización de los servicios públicos.

Briceida Valdés, paciente en tratamiento de hemodiális en el Santo Tomás, sostiene que la ley la perjudica. ‘Nosotros necesitamos esas especialidades y si lo privatizan tendrán que pagar y no tenemos para pagar. Somos 200 pacientes los que quedaremos sin tratamiento’.

El proefsor Juan Jované señala que este proyecto permitirá concesiones en infraestructura por $4,200 millones.