Una decisión que solo afecta a pobres

PANAMÁ. Un negocio que, según cálculos de los asesores económicos de la Fundación de Usuarios del Transporte Público, alcanzaría los 2 millones 200 mil dólares al año con el cobro de 10¢ a aproximadamente 300 mil pasajeros que pasan por los torniquetes de la Gran Terminal de Transporte de Albrook (GTTA). Se trata de un negocio privado que es de uso público obligatorio, ya que es la única terminal existente.

Víctor Martínez, representante legal de los usuarios, se queja de la forma cómo la administración de la empresa ha impuesto el incremento del peaje y criticó que la terminal está manejada bajo el ‘yugo’ de vinculados a la época dictatorial que hoy copian el modelo impositivo.

Hace la acusación apuntando hacia Humberto Macea, gerente de la GTTA, a quien califica de ‘prepotente e impositivo’.

Según el jurista, bajo ningún derecho la empresa puede sobrepasar o rechazar una resolución que le compete legalmente a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) como ente regulador; y al margen de la ley 42 del 2007 tiene la atribución de dictar las normas técnicas para establecer facilidades de transporte terrestre. ‘Es un desacato; es una falta de respeto que sigan cobrando 10 centésimos, cuando hay una orden que pide suspenderlo’, dijo Martínez.

Los usuarios manejan información —no confirmada— de que figuras como Rolando Mirones, exdirector de la Policía Nacional, y Gustavo Pérez, actual director de este estamento de seguridad, fungen como asesores de la empresa.

Benjamín Solís, gerente de Operaciones de la GTTA, se declara impedido para hacer comentarios al respecto.

Por otro lado, Héctor Rodríguez, exdirigente transportista de La Chorrera —hoy miembro ejecutivo de la Terminal—, dejó su discurso combativo y en defensa del usuario de antes del 2000 (cuando fungió como diputado suplente) para alinearse con la posición de la Gran Terminal. Hoy no tiene una posición ni a favor ni en contra sobre el incremento de los 5 centésimos. Aclaró que nunca se le ha hecho entrega de una resolución en sus manos.

Se le consultó al exadministrador de la empresa Carlos Souza Lennox, sobre esta medida que la ATTT calificó de ‘inconsulta’, pero prefirió mantener la distancia de estos temas, ya que se trata de una decisión de una empresa privada a la cual perteneció hasta hace cuatro años.

Roger Araúz, asesor legal de la ATTT —y de cuestionado papel en esta crisis—, indicó que ellos ya han hecho su parte, y que le corresponderá a los usuarios, que son los afectados, presentar la denuncia ante el Ministerio Público para defender sus derechos.

Esperanza Mena, dirigente de los usuarios, reiteró que se mantendrán con las medidas de presión y le pide a los de la ATTT que se ‘pongan los pantalones’ y sancionen a la empresa por tomar decisiones que afectan al pueblo.