‘Nosotros tenemos muchísimas pruebas’, fiscal Morcillo

La fiscal Ruth Morcillo, encargada del Caso Odebrecht, está convencida que tienen lo necesario para probar el delito de blanqueo de capitales. Al salir de la audiencia, tras el segundo día en el juicio, dio declaraciones a los medios de comunicación social.

“Nosotros tenemos muchísimas pruebas, si bien se aducen como testigos los colaboradores están los colaboradores brasileños, pero también están los colaboradores nuestros, es decir, de los panameños pero además todas las pruebas documentales que se han incorporado y que ya han sido admitidas por el Tribunal y las que se van a aportar mañana también que son respuestas a asistencias judiciales importantes que permiten establecer, corroborar la teoría del Ministerio Público con estados de cuenta bancarios y que permiten sostener la trazabilidad de los dineros ilícitos”, aseguró.

Morcillo responde así a los cuestionamientos de la defensa sobre no poder hacer el “contradictorio”, es decir interrogar directamente a personas que dieron testimonios claves en el exterior como André Rabello, Joao Santana o Mónica Moura.

Este martes 13 de enero se celebró el segundo día del juicio por el Caso Odebrecht. El día arrancó y terminó con la lectura del auto de llamamiento a juicio, un documento de más de 400 páginas que expone los detalles del caso sobre los que se sustenta el caso del Ministerio Público.

En esta lectura se revelan detalles sobre cómo operaba el esquema de sobornos, corrupción y blanqueo de capitales entre Odebrecht y funcionarios, políticos, empresarios, banqueros y particulares panameños.

La empresa contaba con un departamento especial para el pago de coimas, llamado el Departamento de Operaciones Estructuradas, que triangulaba fondos con bancos de distintas partes del mundo a cuentas cuyos beneficiarios finales ayudarían a lograr la aprobación de proyectos millonarios, muchos de ellos con cuantiosos sobrecostos.

El dinero también habría sido utilizado para influenciar la política panameña, involucrando a Jaime Lasso, extesorero del Partido Panameñista, y a José Domingo Arias, excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático.

Arias, quien llegó temprano a la audiencia en el palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), manifestó estar confiado en que el juicio probará su inocencia de las acusaciones.

“Ya están las pruebas en el expediente. Yo no he presentado incidencias ni nulidades ni pruebas especiales ni testimonios, porque todo está en el expediente. Mi inocencia está claramente marcada”, aseguró Arias. “A mí no se me está acusando de recibir ninguna coima ni soborno ni ningún acto de corrupción”, concluyó.

Durante la lectura del auto de llamamiento a juicio, o vista fiscal, se compartió el testimonio de Joao Santana y Mónica Moura, estrategas y publicistas que participaron en la campaña de Arias. Sus declaraciones, junto con documentación sobre transferencias bancarias, muestran como millones de dólares fueron triangulados desde sociedades controladas por Odebrecht hacia cuentas en las que el beneficiario final era Ricardo Martinelli y finalmente eran destinados a beneficiar la campaña del entonces candidato por Cambio Democrático.

El testimonio de Arias establece que era él quien daba los números de cuenta a los donantes de campaña, aunque incluye la participación activa de otras personas como el administrador general de campaña.

Se detalló como funcionaba el esquema para obtener ganancias ilícitas por parte de la empresa constructora a través de “Contratos PF”, que representaban “Contratos con Programación Financiera” para obras por las que se facturaban servicios que nunca eran realizados.

De acuerdo al testimonio del ecuatoriano Freddy Omar Barco Vera, se infló el costo de los materiales utilizados en varios proyectos insignia.

Específicamente se detallaron el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Fase 3 de la Cinta Costera y la Interconexión Vial entre la Avenida Balboa y Avenida de los Poetas.

En el caso de Tocumen, se estima que hubo unos 8,4 millones de dólares en sobrecostos por la importación de acero. Mientras que en la cinta costera se aumentó en 15% el precio por el corte y doble de acero y en la Interconexión vial por el corte figurado y armado de acero.

Se emitieron múltiples facturas a empresas por servicios que nunca se ofrecieron con empresas que no tenían siquiera la capacidad de importar acero.

Esto se habría hecho en conjunto con otras empresas como Entremares construction y Acero Dos Mares, así como subcontratistas que facturaron cientos de miles de dólares en contratos para supuesta asistencia técnica.

Otro ejemplo citado fue un proyecto de agua potable, en el que una empresa supuestamente se encargó de la limpieza de tuberías y válvulas, pero en la práctica se habría utilizado, según el testimonio de Barco Vera, personal mínimo.

En este caso, la empresa involucrado fue Limbertoni, quien también participó en la construcción de la Autopista Madden-Colón dónde se utilizó el mismo modus operandi.

Incluso en el caso del Programa de Saneamiento, Odebrecht estuvo involucrado, participando en la construcción del microtúnel de Curundú y el diseño para el sistema de conducción final de aguas residuales en la ciudad de Panamá.

Odebrecht habría conseguido los materiales en Costa Rica, pero facturado un precio mayor en Panamá, de acuerdo al Ministerio Público.

Para el Programa de Reordenamiento Vial, en la que se realizaron trabajos en distintos puentes de la Avenida Domingo Díaz, Odebrecht cobró unos 7.500 dólares por metro cuadrado, cuando el precio de mercado era de entre 2.000 y 2.500 dólares.

El testimonio de Carlos Ho, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), reveló que Odebrecht le pagó 186 mil dólares en consultorías para la construcción de una superestructura metálica sobre el Río Chagres, parte del proyecto Autopista Madden-Colón. Incluso realizó una consultoría para la construcción de la carretera de acceso a la mina de cobre en Donoso, la carretera de acceso para el puerto utilizado por la mina en Punta Rincón para exportar los materiales y la superestructura del muelle.

Ho dijo que había sido contactado múltiples veces y que siempre rechazaba los ofrecimientos, hasta que finalmente accedió pues se trataba de temas que eran de su especialidad. No hay registro por escrito del contrato que firmó con la empresa.

Ho también declaró que era común ver dentro de las oficinas del entonces ministro del MOP, Federico Suárez, al abogado Mauricio Cort. Cort sería una pieza clave para conectar a Odebrecht, los Martinelli y las banca de Andorra.

En Panamá, la empresa tendría una relación cercana con Multicredit Bank y Credicorp Bank, de acuerdo a testimonios que reposan en el expediente.

Luis Eduardo Da Rocha Soares era un ejecutivo de Odebrecht encargado de “buscar alternativas de estructuración para que pudiésemos hacer funcionar el sector”.

Específicamente, buscaba bancos o personas para la apertura de sociedades offshore que recibieran pagos no contabilizados de Odebrecht.

La mayoría de estas sociedades fueron constituidas en Panamá, aprovechando que en ese momento se permitían las acciones al portador que facilitaban ocultar los beneficiarios finales.

Da Rocha Soares explicó que Olivio Rodrigues, empresario brasileño y exejecutivo de Odebrecht tenía relación con Humberto De León en Multicredit Bank de Panamá. Cuando de León fue a Credicorp Bank, las cuentas de Odebrecht migraron con él.

Estos no fueron los únicos bancos utilizados por Odebrecht. El Antigua Overseas Bank y el Meinl Bank de la pequeña isla de Antigua fueron utilizados aprovechando los controles más laxos de la legislación local.

Mientras que en Europa se utilizaron bancos de distintas legislaciones, incluyendo el PKB en Suiza, pero especialmente la Banca Privada d’Andorra y su filial BPA Serveis que, de acuerdo a la fiscalía, serían utilizados para el esquema de blanqueo de capitales.

Desde Andorra se realizarían las transferencias a cuentas en las que los beneficiarios finales eran los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Para garantizar la confidencialidad de los movimientos bancarios, se utilizaron sistemas personalizados, específicamente la plataforma Drousys en la que se utilizaban nombres códigos que escondían la identidad de los beneficiarios de los sobornos pagados por Odebrecht.

El contacto con los bancos se hacía a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, mediante el cual se pagaban las coimas de Odebrecht.

El banquero Humberto De León detalló que se les asignaba un código y que el banco pagaba por el servicio de la plataforma. No lo veía extraño, señalando que era una práctica utilizada en Brasil para garantizar la confidencialidad.