Sociedad civil irá a los tribunales

PANAMÁ. —Ella fue sancionada con una amonestación— dijo uno de los 12 guardas de la policía que retuvo sin orden de allanamiento durante tres horas a Marlin González y a su socia, Damaris González, en el local Expressate, al que agentes irrumpieron el pasado 9 de marzo para sacar a los estudiantes que esperaban por helados y batidos a las 5:30 de la tarde.

Cuando Marlin escuchó al policía se indignó tanto que interpuso una apelación ante la corregiduría. No es posible que ‘luego de retenernos ilegalmente, de no dejarnos hablar, de decirnos que estaban entrenados para matar y no para oír, de esposarnos, amedrentarnos y llevarnos a la indignación de desnudar a mi compañera, nosotras carguemos con el estigma de la sanción verbal y ellos, impunes’. Entonces la sociedad civil se pronunció. Integrantes de La Asamblea Ciudadana y del Espacio de Encuentro de Mujeres EEM, se reunieron para tomar cartas en el asunto porque, en palabras de Nelva Reyes, del EEM: ‘es un hecho que rebasa las leyes y pasa sobre los derechos humanos, de los jóvenes y de las mujeres’.

Damaris y Marlin ‘van con toda’, dicen. Porque encima de ser abusadas, ‘no vamos a quedarnos estigmatizadas’. Ellos pasaron factura por ‘nuestra resistencia violentándonos y luego andan diciendo por allí que estamos sancionadas y enciman pasan pitando en sus motos frente a Expressate’.

Para no guardar ‘silencio cómplice’, como dicen las amigas, hicieron pública su historia e interpondrán todos los recursos legales posibles. La primera apelación descansa en la corregiduría de La Chorrera. Las autoridades no se han pronunciado, la Policía tampoco, pero un expediente se abrió en la Defensoría del Pueblo y las acciones legales inician su camino.

¿Qué hará la autoridad?