Rechazo a cantera llega a la Corte

PANAMÁ. Residentes de los corregimientos de Veracruz y Arraiján cabecera no están dispuestos a permitir que se extraiga una sola piedra del Cerro Cabra. ‘Ni 500, ni 70’ era una de las consignas utilizadas ayer por los que rechazan la concesión que otorgó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en Cerro Cabra, a la empresa Cantera del Istmo.

La consigna estaba basada en la diferencia entre en el estudio de impacto ambiental aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que establece 72 hectáreas, y el contrato que firmó el titular del MICI, Ricardo Quijano, por 501 hectáreas. No obstante, el ministro ya reconoció que fue un error involuntario la diferencia e hizo la corrección, que fue publicada en Gaceta Oficial el pasado martes.

Aún así, los residentes de Veracruz y Arraiján cabecera marcharon desde los predios de la Asamblea Nacional hasta el palacio de la Corte Suprema de Justicia. Allí el abogado Víctor Martínez, en representación de los residentes, presentó dos demandas de nulidad: una en contra de la resolución de la ANAM que aprobó el estudio de impacto ambiental y la otra en contra del contrato de concesión otorgado por el MICI.

La demanda en contra de la resolución de la ANAM se sustenta en que no cumplió con la Ley 6 del 22 de enero de 2002, mejor conocida como ley de transparencia, que regula la participación ciudadana. Además del propio Decreto Ejecutivo 123 de agosto de 2009 que regula el proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental.

Martínez dijo que las comunidades afectadas no fueron consultadas para la realización del estudio.

La demanda en contra del contrato se argumenta, entre otras cosas, en la violación al acuerdo municipal que declaró Cerro Cabra como área protegida.

PIDEN RENUNCIA

A la marcha también se unió la diputada Marilyn Vallarino, quien se suma al reclamo de los residentes que piden la renuncia de Quijano.

A juicio de Vallarino, el ministro actúo con ‘premeditación y alevosía’ porque otorgó el contrato sabiendo que existía un acuerdo municipal de Arraiján que declaró Cerro Cabra como área protegida y que el estudio de impacto ambiental solo había aprobado 72 hectáreas.

‘Ese contrato ha sido un insulto para el pueblo y para las autoridades locales’, añadió José Carrera, residente de Altos de Howard.

‘Ni una sola piedra vamos a permitir que se extraiga de Cerro Cabra’, agregó.

A la defensa de Cerro Cabra, el alcalde Arraiján, Manolith Samaniego, menciona cifras y la relación histórica del cerro con el distrito. Cerro Cabra está ubicado entre los corregimientos de Veracruz y Arraiján y sus fuentes de agua abastecen del líquido a unos 15 mil habitantes de cinco comunidades, informó el alcalde. ‘Panameños que todos los días tienen agua en sus casas y que no dependen del IDAAN’, agregó.

Mereida Bonilla es una de esas 15 mil personas. Ella vive en Alto Bonito, en el corregimiento de Arraiján cabecera desde hace 40 años y está dispuesta a defender Cerro Cabra porque, como dice, de allí ‘sale el agua limpia y pura que nos bebemos’.

Mas allá de estas realidades, Samaniego se refiere a los vínculos sentimentales con el Cerro Cabra. En la bandera del distrito que se confeccionó a principios de la pasada década aparece el cerro, y ha sido tema de concursos de poesía.

La empresa ha señalado que la explotación se realizará a unos 80 kilómetros de la casa más próxima.

La disputa continúa la otra semana. Martínez presentará el lunes una denuncia penal en contra de Quijano y el martes la empresa y los moradores estarán en el Concejo.

En medio de las protestas, surgen nuevos datos sobre el proyecto. La empresa realizaría unas 10 detonaciones diarias para extraer por lo menos 2 mil metros cúbicos de piedra de cantera en Cerro Cabra.