Moradores y políticos unidos para impedir tala de árboles en la Corte

Moradores del corregimiento de Ancón, encabezados por la opositora Balbina Herrera, protestan desde temprano, 8 de la mañana, para impedir que la empresa Constructora Corcione & Asociados, S.A. tale un grupo de árboles para construir un edificio de 330 estacionamientos para el Órgano Judicial.

Al ver a empleados de la compañía, incluso a un numerable grupo de unidades de la Policía Nacional, los residentes alertaron y acudieran al punto para defender "su patrimonio".

Ellos indican que los árboles son antiguos y son parte del Cerro Ancón, una joya natural en el centro de la ciudad de Panamá. En la protesta se amarraron a árboles y maquinaria.

Activistas políticos, miembros de la sociedad civil y ambientalistas alzaron su voz y se unieron para impedir la tala de 40 árboles y 10 Palma Real.

"Por favor no permitan que talen árboles que han crecido con Panamá, defendamos nuestra patria a pulmón y naturaleza", dijo Herrera, excandidata presidencial del PRD, residente del área afectada.

En tanto, el diputado panameñista, José Isabel Blandón, hizo un llamado al presidente de la Asamblea Nacional, Sergio "Chello" Gálvez, diputado del circuito electoral donde se pretende cortar los árboles, que interceda y converse con el magistrado Alejandro Moncada Luna, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La lucha no es nueva. Ya el lunes 2 de julio se dio la tensión y los moradores impidieron la inminente tala.

Un representante de la empresa dijo que no buscan el conflicto con la comunidad, sino que están cumpliendo el contrato.

De acuerdo al letrero colocado en el lugar, el edificio de estacionamiento para el Órgano Judicial comprende un área de 2,784.01 metros cuadrados y el estudio de impacto ambiental, categoría I, fue aprobado mediante Resolución No. IA-415-10 de 9 de julio de 2010.

Sin embargo, la perredista Balbina afirmó que no hubo consulta para esa tala de árboles.

El ambientalista Félix Wing dijo que al talar la autoridad, el promotor y el contratista violarían la ley, pues no se puede talar ni destruir recursos naturales en el Cerro Ancón.

Su colega, Raisa Banfield, precisó que se deben verificar las 93 firmas de residentes que firmaron que apoyan el proyecto del Órgano Judicial.

Agregó que el nuevo proyecto de $6.9 millones requirió nuevos planos por tanto se necesita un nuevo estudio de impacto ambiental y consulta, porque el proyecto inicial costaba 1.5 millones de dólares.

La ambientalista Alida Spadafora, directora de Fundación ANCÓN, explicó que no se le ha dado oportunidad a la comunidad de plantear alternativas y de hablar con el presidente de la Corte Suprema.

Un notario llegó a lugar para dar fe que los representantes de la empresa acudió a cumplir su orden, pero se lo impidieron los residentes y quejosos.

Ciudadanos de Tocumen y Bella Vista se sumaron al rechazo de esos 40 árboles y 10 Palma Real.