ARAP busca favorecer a atuneros

PANAMÁ. La posibilidad de que se permita la pesca de atún con redes de cerco en el Pacífico panameño está consignada en un proyecto de ley que adelanta la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

La propuesta de la ARAP regula la pesca, la acuicultura, el manejo de los recursos marino-costeros y las actividades conexas en Panamá y al mismo tiempo modifica un artículo de la Ley 44 del 26 de julio de 2004, que crea el Parque Nacional Coiba.

Se trata del artículo 11 que establece una zona de exclusión, conocida como el paralelo 6:30, ‘en la que se prohibe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que dicho aparejos de pesca afectan especies marinas del área, como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras’.

La propuesta, que surgió de la necesidad de actualizar la ley general de pesca que data 1957, no específica cómo sería la modificación del artículo 11. Sin embargo, para algunos defensores de Coiba ‘la ARAP prepara el camino para permitir la entrada de los barcos extranjeros a nuestras aguas’.

Hacen referencia a los barcos atuneros que no tendrían la restricción del paralelo 6:30, que se estableció con la ley de Coiba, para la pesca de atún con redes de cerco.

La intención de eliminar el paralelo, sin embargo, no es nueva. En el 2008, la Asamblea Nacional derogó el artículo 11 de la ley de Coiba. La medida fue considerada como un ‘camarón legislativo’, en vista de que la derogación fue incluida en una ley sobre comercio marítimo.

El ‘camarón legislativo’ paso desapercibido hasta que la ley fue sancionada por el entonces presidente Martín Torrijos.

Los grupos conservacionistas y sectores de la abogacía, que trabajaron en la ley sobre comercio marítimo, protestaron por la derogación y obligaron a que el gobierno de Torrijos restableciera el artículo 11.

Ahora, cuatro años después el tema vuelve al debate y ya surgen voces de protestas. La ambientalista Gabriela Etchelecu consideró que es un ‘error del actual Gobierno’ intentar introducir normas ambientales sin consulta y sin estudio científico.

El científico del Instituto Smithsonian Héctor Guzman dijo que estará pendiente de que el proyecto sea enviado a la Asamblea Nacional para sustentar su rechazo a la iniciativa.

Se intentó busca una opinión de la ARAP, pero no fue posible. El celular del director de la ARAP, Giovanni Lauri, salió apagado y en la oficina de Relaciones Pública de la entidad nadie contestaba.