MEF en contra del área protegida de cerro Cabra

Actualizado
  • 01/11/2012 01:00
Creado
  • 01/11/2012 01:00
PANAMÁ. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se oponen a la protección ambiental del cerro Cabra y otras zonas en...

PANAMÁ. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se oponen a la protección ambiental del cerro Cabra y otras zonas en el distrito de Arraiján.

El MEF, a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, presentó una demanda contencioso administrativa para que se declare nulo por ilegal el Acuerdo número 24 del 5 de abril de 2012 del Consejo Municipal de Arraiján.

La norma municipal declaró área protegida el cerro Cabra y los Chorros de Santa Clara, ambas franjas de bosques que rodean la carretera Panamericana desde Arraiján Cabecera hasta el Puente de Las Américas y las Ruinas de Bique.

La demanda fue presentada el pasado 6 de agosto y se sustenta fundamentalmente en que el acuerdo incluye zonas consideradas áreas revertidas (que estuvieron bajo el dominio militar de Estados Unidos y pasaron a Panamá) que tienen leyes especiales que las regula.

Las áreas revertidas —agrega la demanda— están bajo la administración del MEF con un régimen diferente al que se utiliza en las custodias de las propiedades del Estado. A juicio del MEF, el acuerdo municipal modifica las leyes que rigen en las áreas revertidas, como la Ley 21 de 1997, que creó el Plan Regional de la Región Interoceánica y el Plan de Uso de Suelo.

La demanda resalta el hecho de que el Estado, a través de distintas instituciones, ha suscrito contratos con empresas para el aprovechamiento y desarrollo económico de las zonas que fueron declaradas áreas protegidas.

Una de esas zonas es precisamente cerro Cabra, donde el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) otorgó un contrato de concesión de extracción de piedra de cantera a la empresa Cantera del Istmo.

El MICI aprobó la concesión a pesar de que tenía conocimiento del Acuerdo Municipal de Arraiján y del rechazo de los residentes de Veracruz, que se oponen a la explotación de cerro Cabra.

El titular del MICI, Ricardo Quijano, incluso se comprometió públicamente a revocar el contrato de concesión.

INFORME DE CONDUCTA

El Consejo Municipal de Arraijan presentó en la Corte Suprema de Justicia, el pasado jueves, el informe de conducta, donde hace un recuento de las distintas discusiones que se hicieron sobre las quejas de los residentes de Veracruz contra la posible explotación de cerro Cabra.

Los residentes de Veracruz y de Arraiján Cabecera se oponen a la concesión por los daños ambientales y a la salud de los habitantes. La mayor preocupación de los vecinos es que en cerro Cabra están los pozos de agua de donde sale el líquido para el consumo de residentes de varias comunidades.

‘Cerro Cabra es un recurso natural y cultural del distrito de Arraiján (...) que debe ser conservado, protegido y cuidado...’, se lee en el Informe de Conducta del Consejo Municipal.

A juicio del Consejo Municipal, el MEF hace ‘consideraciones subjetivas y hasta falsea la verdad y la realidad’ de los hechos que sustentan la demanda, en vista de que la jurisdicción de cerro Cabra es del distrito de Arraiján.

Además, alega que esas áreas han sido ocupadas por campesinos que cultivan la tierra que adquirieron de Reforma Agraria. El Concejo también consideró que el Acuerdo municipal no afecta intereses del Estado.

‘NO QUEREMOS CANTERA’

Esperanza Mena, dirigente de Veracruz, tiene claro que detrás de esta demanda están los intereses de la empresa Cantera del Istmo para explotar cerro Cabra.

‘Estamos preocupados porque sabemos que detrás de esta demanda hay una mano peluda y otra que mece la cuna’, dijo.

El representante de Veracruz, José González, cuestionó al MEF. ‘Ellos (el MEF no saben dónde queda cerro Cabra porque si lo supieran se darían cuenta que esa zona no está dentro de las áreas revertidas’, dijo.

Los residentes de Veracruz, a través del abogado Víctor Martínez, presentaron tres demandas de ilegalidad ante la Corte Suprema de Justicia: la primera en contra del contrato de concesión, otra en contra de la resolución de la Autoridad Nacional del Ambienta que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto y la última en contra del propio estudio de impacto ambiental.

Ahora, se preparan para presentar una tercería en el proceso que ha iniciado el MEF en contra del Consejo Municipal de Arraiján y —de paso— oponerse a la demanda.

Se intentó, sin éxito, tener la versión del director de Bienes Revertidos, Juan Carlos Orillac.

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