Fortalecer la seguridad Jurídica en el país

El arbitraje está casado con los procesos civiles. Los afectados van al arbitraje porque obtienen un fallo en seis meses, lo cual fortalece la seguridad jurídica. La revisión del Decreto Ley 5 subsanaría lagunas existentes, dijo el magistrado.

‘Panamá está muy bien valorado en materia arbitral, lo dicen los usuarios del sistema, pero siempre hay que modernizarlo’, dijo De León.

Como exasesor legal del Viceministerio de Economía, De León Batista pudo conocer los compromisos que debe honrar el Estado en cuanto a fallos por demandas nacionales e internacionales. ‘Es un tema de voluntad política. En términos generales los estados saben que tienen compromisos que deben honrar, el problema es que los gobiernos priorizan y ponen en juego la seguridad jurídica’, reconoció.

Entre los casos de arbitraje en curso en Panamá, mencionó el que interpuso el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) contra la empresa inglesa Biwater por irregularidades en el cumplimiento del contrato de ampliación de la planta potabilizadora de Chilibre.

Recordó un caso más antiguo referente al segundo puente sobre el canal conocido como puente Van Dam. Lo planteó de esta forma: ‘Dos partes van a un arbitraje. Una de las partes recibe un fallo favorable por una condena al Estado, pero esa parte no recibe ni un real. Entonces para qué va al arbitraje si no se honra. Ese es el caso del puente Van Dam en el que un laudo arbitral condenó a Panamá a pagar $22 millones. Eso quedó como un pasivo y han pasado los gobiernos y no honran el pago de una deuda del Estado’.

De León Batista dijo que los países más avanzados en cuanto a indemnizaciones o pagos del Estado, son Colombia y España. Aunque en términos generales Panamá tiene buena reputación en lo que tiene que ver con el pago de laudos arbitrales. En proporción a condenas versus población, México está a la cabeza, indicó.