Quien debería investigar es la ANAM

Actualizado
  • 22/03/2013 01:00
Creado
  • 22/03/2013 01:00
Desde 1998, las leyes ambientales se han venido organizando para evitar y controlar los eventos de contaminación ambiental, justo como e...

Desde 1998, las leyes ambientales se han venido organizando para evitar y controlar los eventos de contaminación ambiental, justo como el que se da en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón.

Actividades de vieja data como este relleno sanitario deben adecuarse a las normas actuales. Por ello que el vertedero, en su día, se sometió a una auditoría ambiental y, como resultado, a un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), ambos procesos administrados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Un PAMA cuenta con un cronograma de cumplimiento, donde el proyecto debe someterse a una serie de medidas que reducirían los riesgos inherentes al mismo, o a minimizar los impactos de su ejecución en el ambiente. Si ocurre un incidente, como en el caso que nos ocupa, lo primero que deben atender las autoridades son los instrumentos de gestión ambiental.

En este caso el PAMA es el vínculo ambiental con el que están unidos el gestor (en este caso, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, quien ha concesionado la ejecución de la actividad a un ente privado, lo que les haría solidariamente responsables, de ser el caso) con el resto del Estado panameño.

Contrario a esto, diferentes autoridades se contradicen, enfrentan la amenaza a tientas, y como siempre, no están más allá de usar la política para salir del paso. Todo ello evidencia la ausencia del análisis serio de los planes de contingencia, que deben encontrarse en el PAMA de Cerro Patacón.

Preocupa que personeros de gobierno, sin existir un proceso legal, ya culpen de lo ocurrido a desde los opositores políticos hasta a pepenadores sin rostro, sin ninguna alusión a la responsabilidad de la ANAM de investigar y así ejecutar el cumplimiento de sus instrumentos de gestión que a su vez rigen a Cerro Patacón, pudiendo entonces, abrir a investigación lo ocurrido y sancionar en consecuencia, sin perjuicio de los tipos penales que existen para estos niveles de contaminación ya presentes desde el año 2007, en el Código Penal. Ante las crisis ambientales es más palpable que nunca la degradación institucional existente, así como la poca preparación técnica y legal de quienes tienen responsabilidades de su control y de la administración de la justicia ambiental.

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