Concertación Nacional: ¿brújula sin manecillas?

PANAMÁ. ‘Ya es tiempo de que el Consejo sea elevado a rango constitucional’, esa fue la petición que hace casi un mes hicieron algunos representantes de la Concertación Nacional.

Con esta iniciativa se busca que los acuerdos alcanzados en la Concertación Nacional se conviertan en ‘políticas de Estado’, pues tal como lo señala César Ruiloba, del Colegio de Abogados, ‘con ello se despolitizaría el tema y, por supuesto, quedarían como tarea pendiente gobierno tras gobierno’.

Es que muchos de los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (ACND), presentados al país en octubre de 2007 y que fueron el resultado de la participación de más de dos mil panameños, en representación de aproximadamente 22 organizaciones de la sociedad civil, ‘han pasado gestión tras gestión y no se cumplen’.

Y aunque se fijó como meta de la realización de cada uno de estos aspectos el año 2025, sobresale una pregunta: ¿qué tanto se ha avanzado?

Desde Alianza Ciudadana han esbozado un cuadro enumerando punto por punto los acuerdos que en materia de seguridad, justicia y transparencia han quedado solo en un escrito, y su aplicación aún está lejana.

Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana no se ha aprobado una sola política criminológica de Estado, y la Dirección de Investigación Judicial sigue adscrita a la Policía Nacional, según lo establece la Ley 69 de diciembre del 2007; así como tampoco existe un ente que coordine el rol de los municipios en las políticas de seguridad.

EL DILEMA DE LA JUSTICIA

Con respecto a la administración de justicia, desde el 2009 no se ha convocado a la Comisión de Estado por la Justicia, lo que Magaly Castillo califica como ‘un retroceso sobre todo en la aplicación de la carrera judicial en Panamá’.

Para Castillo es ‘inaudito’ que en el Órgano Judicial, de 3,772 funcionarios solo 964 estén en Carrera Judicial, un número que se traduce en una cifra porcentual de 17%.

Este fenómeno se relaciona a lo que Castillo cataloga como ‘el reducido ingreso que se designa al Legislativo’ y que para esta vigencia fiscal se estimó en $108 millones.

Y aunque la Constitución en su artículo 214 establece que el presupuesto del Órgano Judicial, sumado al del Ministerio Público no deberán ser inferiores en conjunto al 2% al presupuesto del gobierno central, Magaly Castillo considera que debe solicitarse al Ejecutivo que se designe el 3% del presupuesto.

Otro elemento que consideró ‘caótico’ fue la suspensión hasta el 2015 por parte del Ejecutivo del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Desde la perspectiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, la decisión de aplazarlo ha sido una decisión gubernamental de continuar con el proceso de deterioro de la justicia en detrimento de las personas sometidas al sistema penal en calidad de víctimas o sindicados.

Esta organización plantea que ‘nunca se debió detener el SPA’ cuando ya estaba dando resultados efectivos en áreas donde se había activado; es decir, en Coclé, Herrera y Los Santos.

Por ejemplo, en estas áreas el 73.2 de las sentencias dictadas en estas regiones se realizaron por acuerdos de pena. En total se registraron 189 sentencias, de las cuales 183 fueron condenatorias y 6 absolutorias.

TRANSPARENCIA SIN BRÚJULA

Con respecto a la transparencia y rendición de cuentas, se aumentaron los privilegios procesales de los diputados, el Consejo de Transparencia no funciona como ente autónomo y fue eliminada la participación de la sociedad civil en el Consejo de Transparencia, no existen juzgados especializados en delitos de corrupción y sobre tipo de delitos y aún persiste la percepción ciudadana de ineficiencia del sistema en los delitos de corrupción de alto perfil.

ADQUISICIÓN DE UN COMPROMISO

Desde la representación de las mujeres en la Concertación, Elia de Tulipano asegura que ‘hace falta un mayor compromiso de los gobiernos’, que se establezca un monitoreo constante, sobre lo alcanzado y que se centren los esfuerzos en velar por aquellos puntos que no se han logrado.

Esta tarea vuelve a la palestra pública hoy, cuando se iniciará la segunda fase del Proceso de Verificación del Cumplimiento y Actualización de los Acuerdos alcanzados por la Concertación.