El meollo de un sistema para recarga ineficiente

PANAMÁ. La modernización del sistema de transporte capitalino se ha convertido en un punto crítico en la administración de Ricardo Martinelli. Un asunto que podría traducirse en votos, y que el mandatario no parece estar dispuesto a cargar con el costo de un sistema ineficiente.

Es, sin duda, una presión no solo para el gobierno, sino para los actores involucrados en el servicio de transporte, que se resume en el sistema de Metrobús y los puntos de recarga para las tarjetas.

El mandatario calificó como ‘pésimo’ el servicio que brinda la empresa Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos, S.A. (Sonda), y amenazó con cancelar el contrato.

Pero, ¿cuál es el problema con las recargas? En un principio, el sistema se diseñó para mil puntos de venta. No obstante, se replanteó una distribución lineal a lo largo de la ciudad para contar con más puntos de venta. Una vez entró a regir el sistema, la empresa detectó que el 60% de las transacciones se hacían en los centros de atención, las taquillas y los autoatendibles, el 25% se realiza en cadenas de supermercado y el 15% en las populares abarroterías de los ‘chinitos’. Sin embargo, en estos últimos puntos se presentaron escollos.

Ocurre que la máquina de recarga en la abarrotería muchas veces no estaba activada al momento en que el usuario buscaba la recarga; el establecimiento podría negarle el servicio en ese momento aunque diez minutos más tarde realizara la primera y tal vez única recarga del día. Empero la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) considera este un punto activo de los mil que le obliga el contrato.

Por tanto, para Nicolás Brea, secretario general de la ATTT, ‘lo que tiene que hacer la empresa es obligar al que tiene una máquina a prestar el servicio todo el día’.

Y ahí viene el primer inconveniente. Sonda paga a los puntos de venta tres centavos por transacción efectuada, sin importar el monto. Es decir, que si el negocio realizó mil transacciones, por ejemplo, recibirá una retribución de treinta dólares. La cifra es considerada poco atractiva para el comercio que debe correr con gastos de personal de trabajo, atención al cliente, filas, etc.

Esta suma ha provocado el poco interés de abarroterías que han optado por etiquetar las máquinas como ‘ fuera de servicio’. En el caso de los supermercados, algunos habilitan una terminal para recarga, pero no ofrecen el servicio en todas las cajas, lo que limita los puntos de recarga.

Nadie puede obligar a la abarrotería a tener la máquina andando todo el día, así que el asunto parece resumirse en una cuestión monetaria, y de confianza.

Según Brea, parte del problema radica en que el usuario prefiere ser atendido por un representante de la empresa; le da más confianza en la taquilla que en otro punto de recarga. Aunado a esto, cada compra diaria promedia los cincuenta centavos; es decir, el pasaje del día.

Este último punto puede atribuirse a la falta de confianza del usuario en la empresa y/o el temor a extraviar la tarjeta y perder el saldo.

LAS TARJETAS

El sistema de tarjeta actual, según Enrique Chu, administrador de proyecto de la ATTT, guarda la información y la envía a la central para actualizarla. Si bien Chu lo define como un sistema en línea, el procedimiento presenta un leve retraso hasta que la transacción es validada. Un proceso similar a la aprobación de una tarjeta de crédito. Muchas veces esto se ha traducido en que al subir de inmediato al bus después de la recarga, no se refleja el nuevo monto, debido a la verificación del sistema.

Actualmente la ATTT le ha puesto dos multas a la empresa Sonda, la primera por $11 mil, nada cambió por eso la institución le impuso otra sanción que hasta el momento no ha cuantificado.

El Estado debe pagar al concesionario una tasa mensual de $1.3 millones mensuales, mientras que Sonda tiene la obligación de administrar, dar mantenimiento, vender y ofrecer recarga de todas las tarjetas.

La experiencia internacional indica que generalmente el concesionario tiene una ganancia promedio del 10 a 15% de la tasa que le paga el Estado.