‘El Miviot debe ser transparente’

PANAMÁ. Un cambio de zonificación tiene al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) contra las cuerdas en Punta Paitilla. Sus residentes denuncian que no hubo consulta ciudadana, o que para los efectos prácticos que no se les avisó, con lo que la entidad habría violado la ley 1 de 2006.

La queja, que llegó a la Corte Suprema de Justicia ha abierto una caja de cuestionamientos al Miviot por la forma en la que están aplicando los cambios urbanísticos en la zona para conseguir su nirvana inmobiliario. Una península con cara a la bahía de Panamá de terrenos de alta densidad.

Gerardo Solís fue ministro de Vivienda en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. En función de ello, se unió ayer a las quejas de los residentes de Paitilla de que la entidad está actuando como el ‘enemigo de la ciudad’. ‘El Miviot debe ser transparente con estos cambios, sino será cómplice y victimario de una vorágine que no tiene tranquila a la ciudad’, planteó.

El magistrado presidente, Alejandro Moncada Luna, deberá decidir si acoge o no una demanda de nulidad contra la resolución 343 del 5 de junio de 2013 del Miviot, en el que se autorizó el incremento de la zonificación de dos fincas que suman media hectárea, de baja a alta densidad. El abogado Eric Prado Izquierdo apuntó que la forma en la que el ministerio decidió violó la Ley 1 de febrero de 2006, que norma las consultas.

EN FONDO

El cabildo ciudadano se hizo pero asistió sólo el solicitante del cambio. Se anunció tres días después de lo que debió (véase facsímiles), y según el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, el aviso nunca llegó a la Junta Comunal y la consulta se hizo fuera del corregimiento afectado. ‘No hubo participación ciudadana’, estampó la entidad en un memorándum de la consulta, realizada el 21 de marzo. El exministro Gabriel Diez (hoy presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CoNEP), lo corrobora: ‘el problema es que (los avisos) salen publicados en dos periódicos durante dos o tres días y las personas no asisten y después se quejan’.

A Solís, en cambio, eso le hace pensar en un interés oculto. ‘Nos permite sospechar que detrás hay corrupción y coima’, planteó.

Rodrigo Mejía Andrión, presidente de la Asociación de Residentes de Punta Paitilla reclama que ha habido un proceso de desprofesionalización del Miviot, desde hace dos años. ‘Hay una enorme diferencia entre esta gestión con el ministro (Carlos) Duboy... en Panamá todo se puede hacer y no pasa nada’, recrimina.

Andrión, un arquitecto urbanista que ha fijado sus fuerzas en explicar que el Miviot no está prestando atención al urbanismo de la ciudad. ‘No hay interés político, y eso es tan irresponsable como que los estudiantes golpeen los metrobuses’, plantea, recordando las protestas violentas de estudiantes en la avenida Balboa.

A la casa de Andrión suelen llegar los avisos de cambios de zonificación en Paitilla, enviados directamente de la oficina comunal de San Francisco. Dice que a unas va, y a otras no, en función de la importancia. Pero esta, agrega, ‘nunca llegó’. Carlos Pérez Herrera, edil de San Francisco sostiene que a su oficina tampoco se le dio aviso.

Las convocatorias se publicaron en los diarios, pero nadie se enteró. Nadie se entera nunca, dice.

¿VACÍOS DE LA LEY?

¿El sistema de consultas que se tiene es el que se necesita? ¿Por qué, según Solís, puede ser la puerta a la corrupción?

Quienes saben sobre estos asuntos dicen que los cambios de uso de suelo (o zonificación) son la caja de Pandora de todo ministerio de ordenamiento territorial y de vivienda. Una forma de evadir la ley sin dejar huellas.

Andrión y Solís coinciden en que este es un tema de ‘voluntades’ más que de reformas legales. ‘Si el Miviot no quiere rendición de cuentas y participación ciudadana va a actuar para impedirlo’, agrega Solís.

Diez sostiene entonces la necesidad de que se refuercen las consultas ciudadanas y los estudios demográficos de las áreas en las que se van a aplicar cambios de zonificación, para evitar irregularidades. En esta ya es tarde. La Corte decidirá. Y mientras, la ciudad de Panamá ‘crece’.