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28 de Jun de 2022

Nacional

Libertad de prensa bajo lupa de OEA

PANAMÁ. La situación que viven los comunicadores sociales en Panamá no deja de generar preocupación. Las demandas a los periodistas y el...

PANAMÁ. La situación que viven los comunicadores sociales en Panamá no deja de generar preocupación. Las demandas a los periodistas y el difícil acceso a la información oficial es un tema con el que tienen que lidiar a diario. Amén de las amenzas abiertas de parte de allegados al poder y hasta de funcionarios.

La Prensa reportó ayer que a la fecha, los procesos penales y civiles en las distintas instancias judiciales contra periodistas. Ascienden 54 en total. Son 43 en la esfera penal y de 11 demandas civiles.

Entre éstos, hay periodistas del Grupo Editorial La Estrella y El Siglo (GESE). Se trata de Gerardo Berroa, director del diario La Estrella; los editores Carlos Atencio, y Alexis Charris. Así como la directora de El Siglo, Magaly Montilla. Fueron demandados por denunciar supuestas irregularidades en la contratación de una empresa por parte del Ministerio de Salud.

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero Marino, quien se encuentra en Panamá sostuvo ayer que cuando un periodista realiza una denuncia por abuso de autoridad, se está ayudando al Estado.

Botero agregó que la Relatoría está empeñada en establecer el respeto a una serie de ‘estándares internacionales y las obligaciones de los Estados en materia de prevención de la violencia, la protección de los periodistas en riesgo y de lucha contra la impunidad’.

Para tal fin, se encuentra en Panamá e inició una serie de encuentros con diversas instancias nacionales. Arrancó con los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, a quienes explicó el alcance de la libertad de expresión como derecho humano.

La procuradora Ana Belfon dijo a los funcionarios que estos principios forman parte de los parámetros y la línea de trabajo fijadas por la Procuraduría.

Aunque Belfon dejó claro que ‘no hay derecho absoluto, todos los derechos conllevan obligaciones, y hay que buscar el punto de encuentro en el que con la emisión de nuestro pensamiento no causemos perjuicios a terceros y, si eso ocurre, generarse algún tipo de consecuencia’.