Aprueban proyecto de la Jurisdicción de Cuenta

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el proyecto 657, que atiende la necesidad de revisar los parámetros normativos bajo los cuales ejerce sus funciones la Jurisdicción de Cuenta, de manera tal que cumpla su objetivo fundamental con eficiencia y eficacia, ya que muchas situaciones que generan perjuicio económico al patrimonio estatal quedan fuera del ámbito de acción de ella.

A tres años de su creación, la Jurisdicción de Cuentas plantea una estrategia pública dirigida a especializar el proceso patrimonial, cuyos fines son asegurar al Estado la preservación de los fondos y bienes públicos, la lucha contra los actos de corrupción y, en definitiva, el resarcimiento de toda afectación a su patrimonio económico, producto de la necesidad de hacer eficiente la recuperación de fondos y bienes del Estado, ilegítimamente sustraídos o indebidamente utilizados, pero sujeta al acatamiento del principio del debido proceso para garantizar igualdad, equidad, transparencia y justicia.

En este sentido, se hace necesarios fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía de Cuentas, establecer un sistema de méritos, competencias y oportunidades para la selección de sus servidores públicos de forma que garanticen idoneidad y excelencia en la prestación del servicio y estabilidad laboral.

Se incorpora la figura de la defensa pública en el procedimiento de cuentas y se reconoce el carácter irrenunciable del derecho de representación técnica que tienen los vinculados en los procesos.

En ese orden de ideas, se propone un proyecto de ley cónsono con la realidad actual en materia de persecución de las conductas que generan perjuicio al patrimonio estatal con las modernas tendencias de organización institucional y se implementa la necesidad de otorgarles estabilidad laboral a los funcionarios de la Fiscalía de Cuentas.

La presente iniciativa legislativa propone reformas a la Ley 67 de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República, con el objeto de fortalecerla mediante el establecimiento de mecanismos de prevención y capacitación que promuevan los principios éticos y morales en la administración pública. Además, incorpora la figura de la defensa pública en el procedimiento de cuentas.

De igual forma, adecua el marco jurídico bajo el cual se desenvuelve el proceso de cuentas a la realidad de técnicas más sofisticadas en el desvío de fondos públicos, a la posibilidad de legitimar otras vías alternas para accionar la jurisdicción que no sean, únicamente, los reparos de la Contraloría General de la República, para procurar el fortalecimiento de la Fiscalía de Cuentas, como ente investigador, al igual que establece mecanismos de prevención, a través de la capacitación, la formación y la promoción de los principios éticos y morales en la función pública.