Las razones de la huelga vista con los ojos de un médico interno

Hoy se cumplen 36 días de haberse iniciado la huelga en contra de la inicua Ley 69. Gracias a la unidad demostrada por los distintos gremios que conforman la gran familia que es el personal de salud y al decidido apoyo de amplios sectores de la sociedad civil organizada, finalmente este gobierno se ha visto obligado a obedecer la voluntad del verdadero soberano, que es la nación panameña y ha aceptado modificar sustancialmente el contenido de la misma.

Nunca es una decisión fácil para el gremio médico abocarse a un proceso de esta naturaleza, porque comprendemos que las huelgas médicas no son populares y son un mecanismo que muchas veces perjudica la imagen de entrega y profesionalismo que debe mantener la profesión para continuar siendo respetada en la sociedad, pero dada la renuencia del gobierno a dialogar y actuar en los mejores intereses de nuestros pacientes, no hubo más opción que tomar esta medida extrema.

Aprovecho la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía para recordarles por qué fue necesario oponerse de manera tan rotunda a la Ley 69 de 2 de octubre de 2013.

A pesar de que dicha ley fue supuestamente redactada para dirigir temporalmente personal médico extranjero hacia áreas de difícil acceso, mientras el personal médico panameño culmina su entrenamiento en las distintas especialidades, en ninguno de sus artículos se especifica esto. Solamente se menciona que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social podrán contratar personal de salud extranjero (es decir, médicos, enfermeras, técnicos, laboratoristas) cuando haya necesidad comprobada –sin tampoco especificarse en la ley cómo se determinaría, de manera objetiva, dicha necesidad.

Todo esto generó suspicacia, tomando en cuenta que dicha redacción puede prestarse perfectamente para contratar extranjeros en la Ciudad Hospitalaria que está en proceso de construcción y que, de manera conveniente, se planeaba otorgar en concesión administrativa a una empresa española.

Se especifica en dicha ley una serie de condiciones leoninas en contra de los profesionales de la salud que fueran a ser contratados: sólo tendrían derecho a ganar el salario mínimo como especialistas, no recibiría sobresueldos, ni ascensos, ni jubilación. Esto no sólo es violatorio a una serie de convenios internacionales suscritos por el Estado panameño en materia de protección de los derechos del trabajador, sino que, al tomar en cuenta la intención de otorgar en concesión a la Ciudad Hospitalaria, podemos pensar que la maquiavélica idea detrás de todo esto era ceder a una empresa extranjera una obra multimillonaria financiada por los impuestos que pagamos todos los panameños y darle, a dicha empresa, el poder de contratar, en condiciones de cuasi esclavitud, a profesionales de la salud extranjeros, con el objetivo de maximizar sus márgenes de ganancia a costa de la salud de los panameños.

En ningún momento se menciona en la ley que existirá un límite a las prórrogas que se podrían dar a los contratos anuales, por lo que en la práctica estos muy bien podrían ser considerados permanentes.

Existe un último punto que quiero mencionarle a la ciudadanía, pues me parece que no se le ha dado la importancia debida: el artículo 9. En este artículo se reconoce de manera implícita que no hay garantías que el personal extranjero contratado cumpla con los estándares de calidad exigidos a los nacionales, por lo cuál se establece una “inducción para realimentar áreas de conocimiento y experticia” del personal foráneo – como si el entrenamiento y destrezas clínicas obtenido en una residencia médica se pudiese adquirir tomando cursitos de inducción. ¿Quisiera usted, lector, ser atendido por un profesional de la salud que le brinde una atención de tan dudosa calidad?.