Reunión clave para definir futuro de la ampliación

PANAMÁ. El tiempo apremia y los posibles acuerdos entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) no brotan con la misma velocidad.

El reclamo más importante que el desarrollador hace tiene su respuesta varios metros bajo tierra, y el resultado podría ser la diferencia en el pago, o no, de $1,600 millones a GUPC.

Todo dependerá de la decisión que emita el Dispute Adjudication Board (DAB), un tribunal internacional de segunda instancia al que, según el contrato que ambas partes firmaron, se debe acudir en caso de discordia. Sin embargo, esta respuesta estará lista hasta el mes de marzo, no antes. Pues GUPC retiró la demanda que había interpuesto ante este tribunal internacional, quien emitiría una respuesta en enero, pero por alguna razón cambió de estrategia.

GUPC decidió salir de los parámetros que plantea el contrato y, según el ministro del Canal, Roberto Roy, al percatarse que la ACP no aceptó las condiciones, GUPC replanteó meter la demanda ante el mismo juzgado. ‘Ellos llevaron eso al tribunal y lo iba a empezar a estudiar en enero, pero ellos (GUPC) cometieron un error lamentable, pues cuando decidieron un cambio de estrategia fuera del contrato, la ACP les dijo que no iba a negociar nada fuera del contrato, y ahora volvieron a meter la demanda, pero el fallo no estará listo sino hasta marzo’.

EL GRUESO DE LA DISPUTA

Es lógico que acudir a este tipo de decisiones implica estipulaciones vinculantes para ambas partes, así como la ACP puede hacer un reclamo, la contraparte tiene el mismo derecho. La primera fase, no obstante, no fue superada. Consiste en tratar de solventar las diferencias entre ambos; en caso de no lograr un acuerdo, entonces es el DAB quien entra en acción a petición del polo inconforme.

GUPC interpuso una queja ante este tribunal internacional (DAB) para que dirimiera sobre su fundamento por considerar que los informes geotécnicos interpretativos que otorgó la ACP están incompletos. Alegan que antes de la fecha base, la ACP tendría que proporcionar al contratista el informe Geotécnico Interpretativo, así como otros datos que la ACP tenga en su haber que incluiría muestras de perforación, condiciones físicas, subsuelo, hidrogeológicas y topográficas del sitio a construir, etc., así como aspectos ambientales.

Y estos informes, según GUPC, no contenían información correcta. Sacyr salió a la defensa al indicar que este vacío de datos le obligó a comprar en otras canteras el basalto requerido porque los suelos donde se suponía debían sustraerlo no cuentan con las especificaciones que supuestamente contenían los informes ofrecidos por la ACP.

Al escarbar un poco más en la entrevista, Roberto Roy agregó que en el contrato se especifica que cada interesado debía efectuar su propia revisión de suelo, así como de los informes ofrecidos por la ACP, y que este renglón lo atribuía a su propia responsabilidad, ya que la licitación tenía claro que incluía diseño y construcción; por tanto, eso debió de lograrlo GUPC.

El gran misterio es ¿qué hará ahora GUPC? ¿Cumplirá su amenaza de paralizar las obras del 20 de enero si la ACP no le paga los $1,600 millones? o ¿continuará con los trabajos de ampliación hasta esperar el fallo del DAB?

AFLORAN SOSPECHAS SOBRE LOS INFORMES

En todo caso, la respuesta natural a las inquietudes de la ACP y de GUPC nos llevaría a la raíz de todas las cosas: el origen de los informes.

Desde Madrid surge una sospecha profunda en cuanto a la elaboración de estos documentos. Y surge nada menos que de un especialista en el tema, Miguel Gallardo. Ingeniero de minas, criminólogo, perito judicial y dueño de una empresa de servicios técnicos de ingeniería investiga las especificaciones técnicas del contrato para la ampliación del Canal de Panamá, objeto de disputa con Sacyr. Gallardo hizo una carta a la autoridad que corresponda en Panamá por la ampliación en la que manifiesta ‘sospechas de muy graves conflictos de intereses en funcionarios o empleados del Canal con empresas dedicadas a la elaboración de informes geomineros que, además, pueden haber sido favorecidos por fondos públicos del programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED’.

En este contexto, Gallardo solicita a la ACP cuanta documentación sea posible conocer sobre los reportes geotécnicos y datos de minerales excavados para poder asentar la información y emitir sus propias conclusiones.

La clave oculta, hasta ahora, es el nombre de las empresas que realizan los informes geomineros, tanto para la ACP como para Sacyr, o conjuntamente GUPC. En España y en otros países existe una responsabilidad civil extracontractual sobre esos informes que suelen estar cubiertos por compañías aseguradoras distintas a las que puedan tener Sacyr y/o GUPC.

ALTERNATIVAS AL CONFLICTO

Para algunos conocedores, el 20 de enero no es más que una fecha para presionar y chantajear a la ACP. Presagia también una espiral de la historia ya vivida, cuando al verse sin fondos, Ferdinand de Lesseps abandonó el barco y se lo dejó a los norteamericanos.

Si GUPC suspende las obras en una semana, ni siquiera tendría la oportunidad de continuar con el proyecto. ‘GUPC ha bajado el ritmo de construcción, pero no lo han bajado al punto de pararla, ellos tienen su carta que dice que tienen una fecha y estamos esperando para ver si el problema se resuelve, y no es negociable que se salgan’, dijo Roy.

El ministro del Canal ni siquiera quiere aventurarse a pensar en la posibilidad de que la ACP tenga que iniciar relaciones con un nuevo contratista.

No obstante, este lunes se tiene programada una reunión entre los directivos de la ACP y los representantes de Zurich Insurance Group. Cita que ya tiene conversaciones avanzadas desde el mes de noviembre, cuando se acentuaron las diferencias con GUPC. Los mensajes electrónicos que van y vienen buscan la posibilidad de que en el peor de los oleajes la ACP pueda ejecutar la fianza de $600 millones, que en su momento depositó GUPC para respaldar el proyecto y asegurar la conclusión de la obra.

Una reunión prudente en la que se pone al corriente a la afianzadora sobre la situación que atraviesa el desarrollo del contrato. Normalmente en todas las fianzas de contratación la afianzadora puede asumir la terminación de la obra. Si ésta decide hacerlo, podría subcontratar lo que resta de las obras, 35% en el Pacífico y 30% en el Atlántico.

La compañía aseguradora podría asumir la terminación del proyecto cobrándole la diferencia a la ACP por algunos sobrecostos que podrían ser justificados.

O bien, sale a flote la posibilidad de llamar a otra constructora con la que la ACP esté de acuerdo, para que concluya el proyecto. En esta lista podrían aparecer las empresas que participaron en la licitación.

O bien, la afianzadora le puede decir a la ACP que sea ella quien escoja una empresa para culminar el contrato. Como última opción podría ocurrir que la ACP opte por terminar el proyecto con sus propios medios. En el Pacífico tiene un 64% avanzado y resta la parte de las compuertas que aún deben ser instaladas.