En el lugar errado

La aprobación de la Ley 72 en la Asamblea Nacional que permitía la venta de terrenos en la Zona Libre de Colón provocó una oleada de protestas protagonizadas por el Frente Amplio por Colón por un espacio de 10 días durante el mes de octubre del 2012.

La actividad económica en el principal puerto del Atlántico quedó paralizada, ya que a la protesta se sumaron los transportistas y otros grupos sindicales. La violencia aumentaba, la policía buscaba contener las revueltas que cobraban sus primeras víctimas mortales y heridos de bala a consecuencia de la represión policial. El saldo fue de 3 muertos, aunque el Frente Amplio por Colón contabilizó extraoficialmente 5, hubo 60 heridos o lesionados, entre ellos 19 baleados.

‘Era un 19 de octubre a media mañana. Yo me encontraba caminando por los predios del Súper 99 de la calle 9 Ave. Bolívar. Me dirigía a mi residencia, los policías se encontraban por el sector porque las gentes estaban vandalizando los comercios y comenzaron a dispararles. Una bala me tocó en la nalga del lado derecho y me salió por la vejiga. La gente me auxilió y el vehículo de la Cruz Roja fue quien me trasladó al Hospital Manuel Amador Guerrero, los médicos me atendieron y me hospitalizaron por diez días, estuve utilizando sonda por un mes’.

‘Licenciada, después de que mi esposo salió del hospital, quedó sin trabajo, todo fue a raíz del problema y ahora mismo está desempleado. Él trabajaba como ayudante de reforzador en la ampliación del Canal. Desde entonces ha metido varios currículum, pero nada. Ahora mismo la que está dando la cara soy yo, trabajo en el laboratorio de un centro de salud y estoy embarazada. El policía dijo que mi esposo lo iba a agredir con un cuchillo, pero cómo lo iba a hacer si la bala le pegó en el glúteo.

El gobierno nos daba bonos de comida por 100 balboas por tres o cuatro meses, y luego nos ayudaron con los muebles de la casa; dos camas, dos gaveteros. En diciembre de 2013 dieron bolsas de comida’.

El Ministerio Público solicitó sobreseimiento provisional por la muerte de cinco personas en la provincia atlántica, entre ellas un menor de edad, porque no logró identificar a las unidades que dispararon. Se argumentó que los agentes del orden público utilizaban cascos y máscara. El MP alegó que ‘no hay indicios de quiénes ocasionaron su muerte’.

Informes elaborados por varias organizaciones sin fines de lucro concluyeron que durante los enfrentamientos se hizo uso excesivo de la fuerza, disparos de perdigones a corta distancia y uso de armas de fuego contra la población civil.

Según el ministro de Gobierno, Ricardo Fábrega, en este caso el gobierno corrigió la ley y a los familiares de los muertos se les brindó una ayuda económica para los sepelios.