Lucha contra lavado de activos

Todos los delitos penales deben estar contemplados en el Código Penal; sin embargo, el contrabando y la defraudación fiscal, a pesar de ser faltas de ésta índole, se incluyen en el Código Fiscal. Esta situación la ha tomado a su favor el crimen organizado para infiltrarse y lavar sus activos con penas menos rígidas o severas que las que dicta el Código Penal.

Y para dejar el tema más claro aún, habría que recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o Financial Action Task Force on Money Laundering, efectuó una serie de recomendaciones al Gobierno para evitar caer en las listas grises y negras de las naciones que no combaten el lavado de dinero ni el financiamiento del terrorismo, entre ellas, que se observe de cerca la defraudación fiscal y el contrabando, que se investigue y procesen según los lineamientos del Código Penal.

Así lo hizo saber la procuradora de la Nación, Ana Belfon, durante el Congreso Nacional sobre Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales al que asistió el subprocurador General Auxiliar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Kenneth Blanco.

La más reciente recomendación del GAFI en 2012, sobre el tema de lavado de activos, indicaba que los países debían incluir todos los delitos graves en esta gama con la finalidad de abarcar la mayor variedad posible de delitos determinantes y, según el criterio evaluador de esta organización, Panamá debe esforzarse más.

Básicamente, lo que Blanco trató de transmitir a los asistentes es que debido al avance tecnológico, los complejos ribetes internacionales con que opera el crimen organizado para el blanqueo de capitales, y el tiempo que disponen los fiscales para investigar, se vuelven un factor en contra durante la investigación.

A eso se suman los limitados recursos con que el Estado dispone para esa tarea. Por tanto, el mensaje más importante está en la comunicación personal y la cooperación interagencial para lograr resultados positivos.

En contraste con las palabras de la delegación norteamericana, Belfon expuso que uno de los obstáculos que entorpecen la lucha contra delitos financieros es la poca integración dentro de la institución que lidera. Manifestó que hay ‘islas’ y que está ‘cansada de regañar a sus funcionarios para que se integren y se comuniquen’.

Tal vez el enojo de la procuradora se deba también a la histórica percepción de que Panamá, por su centro financiero internacional, es un sitio ideal para el lavado de dinero. Es una imagen muy difícil de revertir, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno por borrar su nombre de las listas negras y grises alrededor del mundo que lo calificaban como poco cooperador o escondite de dineros mal habidos.

Una explicación para esta situación es que los grupos del crimen organizado se pegan a la corrupción para traficar con drogas, armas y personas.

Según Transparencia Internacional, estas organizaciones y sus conflictos han provocado un desgaste sistemático, especialmente en Centroamérica.

Panamá fue uno de los países que cayó en el ranking de la región en el más reciente informe.

LOS CONSEJOS DE BLANCO

‘Las herramientas fundamentales para detectar el blanqueo de capitales están en casa, aquí es donde está la pericia para investigar’, pronunció Blanco.

En tanto, Jennifer Fowler, subsecretaria del Tesoro Nacional de la Oficina de Delitos Financieros y Financiamiento al Terrorismo, envió un mensaje más directo a las autoridades locales. Les dijo que el GAFI es un instrumento necesario para que los países puedan aprender de la experiencia de otros, que un marco fuerte para combatir el blanqueo de activos son los previsores y reguladores de la inteligencia judicial y la fuerza pública que aprehende a los criminales. Y concluyó diciendo que el éxito financiero de Panamá es dar pasos agresivos para prevenir estos delitos.

Belfon agregó que el GAFI ha solicitado, entre otras cosas, la permanente ‘capacitación de los agentes, la regulación de los contadores y los abogados, además de poner más atención a la implementación de los bancos en el tema de las acciones al portador.

Recientemente, el representante de la Oficina Contra el Crimen y las Drogas de las Naciones Unidas, Amado Phillip De Andre, hizo una radiografía muy clara sobre la acción gubernamental contra el blanqueo de capitales durante el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio, efectuado en abril de 2014.

De Andre insistió en que se ha invertido mucho contra la corrupción, pero muy poco contra el blanqueo de capitales. Puntualizó que éste delito toca intereses privados y públicos en Panamá y en el mundo, ‘pero hay que tocarlos’.

Indicó que ahora mismo tenemos una Unidad de Análisis Financiero y un Ministerio Público que no están preparados para luchar contra el blanqueo de capitales, ‘un sector financiero que coopera todo con la UAF porque no hay un protocolo de cooperación real. Sobre todo porque hay 60 días para poder presentar las evidencias del caso’, expresó. Enseguida agregó Phillip de Andre que las estadísticas de casos con sentencias en firme en expedientes de blanqueo de capitales es cero. El fiscal de Drogas, Javier Caraballo, reconoció que en su despacho se manejan una treintena de expedientes por delitos contra el blanqueo de capitales producto del narcotráfico, pero las condenas se cuentan con los dedos de las manos.

Tal situación indica que hay un problema de coordinación interinstitucional, y que el sector privado y público no se comunican.

De Andre recomendó la creación de una fiscalía especializada contra la delincuencia organizada sólida, que logre movimientos rápidos.

Un encuentro muy sencillo que pretende capacitar a quienes hacen la labor de inteligencia y seguimiento, quienes investigan y juzgan en un mismo salón para tratar de unificar sinergias y evitar las islas en la investigación judicial.