¡Que se apaguen las cámaras!

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo suspendió, provisionalmente los efectos del contrato de concesión N° 40-2011 suscrito entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa Traffic Safety de Panamá.

La concesionaria, que instalaría una red de cámaras para sancionar el exceso de velocidad en zonas residenciales y en carreteras abiertas, invertiría $3 millones en el proyecto.

Según el demandante (Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos), el contrato tiene una serie de condiciones desfavorables para el Estado. Una de estas es la distribución del monto de las infracciones al reglamento de tránsito: 65% de lo recaudado para la concesionaria y 35% para el Estado.

La Sala Tercera concluyó que el contrato era para realizar un diseño, suministro e instalación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial, lo que no se enmarca dentro de las particularidades de una obra de interés público, como lo justificó la ATTT.

OTROS RECURSOS

Además de esta acción interpuesta por el equipo legal de los arrendadores de autos, el abogado Víctor Martínez presentó un recurso en en el que solicita la nulidad del decreto.

‘Una concesión contempla que una empresa invierta dinero y luego recupere su inversión con los ingresos que genere la actividad, aquí eso no se da. La contratista dispone del dinero que va recogiendo de las multas que ponen las cámaras boleteras’, precisó.

Otra de las críticas que recibió el contrato, firmando por Jorge Ricardo Fábrega, entonces director de la ATTT, fue que no contempló una campaña de divulgación previa.

Martínez mencionó el caso de una señora que en dos semanas recibió 20 sanciones de $50 cada una.

También se cuestionó que el Estado entregara a terceros la base de datos de los conductores, en este caso a la empresa Traffic Safety de Panamá.

En el despacho del magistrado Abel Zamorano está pendiente la decisión del recurso de nulidad interpuesto por Martínez.

USO DE LOS FONDOS

David Ramírez, presidente del Movimiento 23 de Octubre, calificó como saludable esta ponencia del magistrado Zamorano.

‘Los ciudadanos tenemos derecho a conocer cuál era la intención de este contrato, si era solo para favorecer a una empresa que lucrara con las infracciones del reglamento vial’, subrayó.

Recomendó que se explique el destino de los fondos que recibiría el Estado con esta concesión.

‘Las organizaciones no gubernamentales como la nuestra enfrentan dificultades para conseguir fondos para los programas de seguridad vial que dictamos en las escuelas. Un buen uso de estos dineros sería apoyar las iniciativas que tienen como objetivo disminuir los accidentes de tránsito’, concluyó Ramírez.